qué iniquidad! se comprueba una vez más que Chile, utiliza a Bolivia para intrigar al Perú. Evo hace de tonto útil y en lugar de insistir en la salida

al mar para Bolivia, aparece declarando a favor de Chile, el verdadero enemigo de Bolivia que en 1879 nos despojó con el asalto de nuestra costa marítima. las organizaciones patrióticas de Bolivia, el Comité pro Mar, las agrupaciones cívicas, los opositores y los militares deberían denunciar la maniobra y corregir el grave peligro en que Evo incurre y está sometiendo a Bolivia. es hora de la denuncia y las FFAA tienen que actuar sin demora, so pena de hacerse cómplices del complot y de la intriga. la denuncia está en La Tercera de Santiago, mientras los diarios bolivianos, le han dado menor importancia.

SANTIAGO DE CHILE -- El presidente boliviano Evo Morales acusó a su colega peruano Alan García de demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los límites marítimos sólo para impedir una salida al mar a Bolivia y levantar su imagen política, según una entrevista que publica el domingo un diario local.

En una entrevista en La Paz con un enviado del periódico La Tercera, Morales dijo que "por supuesto" la demanda peruana contra Chile en la CIJ, con sede en La Haya, es para bloquear la aspiración boliviana de obtener una salida soberana al mar, la que perdió en 1879 en una guerra entre el ejército chileno y una alianza peruano-boliviana.

"Yo tengo información -proveniente desde las mismas estructuras del Estado peruano- que (para García) no puede ser que el corredor (de Bolivia) sea por la frontera entre Perú y Chile", afirmó Morales, según La Tercera.

Perú desconoció en 2005 los límites marítimos con Chile y en enero del año pasado demandó al Estado Chile en la CIJ, a la que también solicitó establecer la frontera marítima.

Chile afirma que los límites están claramente demarcados en acuerdos internacionales firmados por Santiago y Lima en 1952 y 1954. Este último acuerdo también fue ratificado por Ecuador.

"Si existiera un problema entre Perú y Chile sobre los límites, la forma de resolverlo sería el diálogo. Pero para perjudicar a Bolivia hacen una demanda, para que Bolivia no tenga salida al mar", dijo Morales.

Agregó que "en el fondo es eso y también tengo la información de que el gobierno peruano sabe que la demanda la va a perder. Lo saben ellos: hicieron la demanda para perjudicar a Bolivia".

El mandatario boliviano adujo también que "como la imagen de Alan García estaba tan desgastada, plantea esto para levantarse políticamente, para usarlo internamente. Esto nunca se lo dicen, pero yo se lo digo: la demanda en La Haya es para mejorar su imagen y para perjudicar a Bolivia", aseveró.

"Quiero que se sepa que la demanda tiene como objetivo perjudicar a Chile y Bolivia en sus negociaciones. Además, ¿si su objetivo es defender el territorio peruano, por qué no presentó la demanda en su primer gobierno?".

Tras la guerra de 1879, territorios de Bolivia y Perú pasaron a poder chileno.

El Tratado Limítrofe entre Chile y Perú establece una cláusula que señala que si Santiago y La Paz alcanzan un acuerdo para que Bolivia retorne al mar por territorios que antes fueron peruanos, necesariamente debe contar con el visto bueno de Perú.

respeto por el trabajo, transparencia, acceso a las fuentes, garantías, no generalizar piden periodistas orientales que reaccionan a la ofensiva deEvo

Durante una reunión con representantes de la Sociedad de Prensa, el primer mandatario se refirió a los trabajadores de la información como “pollos de granja” que sólo obedecen a lo que les dictan los dueños de los medios de comunicación o jefes de prensa. Interamericana Rechazamos semejante aseveración porque mella la dignidad profesional y humana, además de faltar a la verdad. Consideramos que este hecho es un nuevo episodio surgido de la mala relación que ha establecido el Gobierno boliviano con gran parte de la prensa nacional. Es nuestro interés reencauzar estas relaciones, dentro de un marco de respeto a nuestro trabajo. Con la buena fe tan propia del periodismo, reconocemos las fallas humanas que pudiéramos cometer en nuestra labor y hacemos los esfuerzos gremiales para que el trabajo sea mejorado. Pero de ninguna manera son pretexto para recibir humillaciones, las que rechazamos de plano. Por eso demandamos no sólo al Gobierno central sino a toda autoridad elegida en el territorio nacional: -          Respeto al trabajo periodístico que realizamos cada día. -          Transparencia en la información que se genera desde las instituciones públicas. -          Acceso a la información del Estado, en todas sus instancias, que es un derecho que le asiste a todo ciudadano. -          Garantías para ejercer nuestra labor. -          No generalizar a los trabajadores de la prensa al momento de una queja o denuncia, y en su caso presentar las pruebas que demuestren una falta de ética en la tarea que desarrollamos.

prestigiado diario Los Tiempos nos recuerda "el victimismo" con que califica la actitud de maltrato que asumen todos contra el MAS y su jefe E.Morales

Gobierno vs periodismo libre

Una muestra del tipo del periodismo que quiere imponer la dan los medios de comunicación en los que sólo se oye la voz oficial

Más de una vez, en este espacio editorial, hemos afirmado que el victimismo, entendido éste como la tendencia a considerarse víctima o hacerse pasar por tal, es la principal característica del modo como el actual gobierno de nuestro país se relaciona con el mundo que lo rodea. El quejido lastimero, mediante el que se transfiere a factores externos la causa de los males que se padecen, es la principal manera como el victimismo se manifiesta.

Una extraordinaria muestra de cómo funciona ese mecanismo psicológico de defensa la hemos visto durante la exposición hecha por los representantes del gobierno “indígena” de Bolivia ante los delegados de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), quienes tuvieron que atender una sarta de reclamos sobre la supuesta maldad con que los medios de comunicación juzgan las acciones gubernamentales.

Todo el acto fue un bochornoso despliegue de acusaciones respaldadas en medias verdades, en unos casos, en groseras distorsiones de la verdad, en otros, y en descaradas mentiras en los demás. En conjunto, en otras circunstancias, la aparente inocencia con que los funcionarios gubernamentales intentaron justificar la hostilidad que les inspira la libertad de información y la crítica a sus actos, sólo podrían merecer sonrisas burlonas.

Sin embargo, ante la evidente mala intención con que se pretende allanar el camino hacia el ideal de periodismo que el régimen se propone imponer en el país, resulta ineludible la necesidad de abordar el asunto con la seriedad que merece. Es que además de las palabras aparentemente inofensivas con las que se pretende descalificar la labor periodística, hay motivos para temer que tras ellas hay el firme propósito de pasar al terreno de los actos.

La intención hecha pública hace algunos días por los presidentes de Venezuela, Ecuador y Bolivia, de promover la instauración de una instancia internacional que “vigile” la labor periodística, indica que está ya en marcha un plan de acción encaminado a imponer en nuestros países un modelo cuyas características principales ya se pueden sospechar.

Un anticipo de ellas son los ejemplos que a diario dan los medios de comunicación gubernamentales en Venezuela y Bolivia. Un periodismo cuyo rol se reduce al de una caja de resonancia que amplifica la voz oficial sin que la perturbe ni el menor atisbo de crítica.

Cuba, donde el gobierno posee el monopolio de la información, donde está prohibida cualquier opinión que desagrade al régimen, y donde los medios de comunicación privados han sido totalmente eliminados es, sin duda, la máxima expresión del modelo que se proponen reproducir.

Por eso, a pesar de la facilidad con que pueden prestarse a las burlas los ataques oficialistas contra la prensa libre, no es algo que deba ser visto con desdén.

como se esperaba la SIP mantuvo firme sus reclamos por las agresiones de EVO a la prensa y los periodistas. "parecen pollos" comparó a periodistas...

No cabe duda de que en Bolivia hay un clima de libertad de prensa", afirmó Santos, que, sin embargo, mostró su preocupación por la polarización en el país, que "puede ser muy lesiva" para el trabajo periodístico.

En respuesta, el presidente Morales apuntó que, si no existe libertad de expresión, es dentro de los propios medios, ya que los periodistas están sometidos a los intereses de las empresas periodísticas o a los jefes de prensa.

 Asimismo, Morales denunció ante la misión de la SIP que tanto él como los miembros de su gabinete soportan "cada día mentiras, acusaciones, calumnias y ofensas" en los medios de comunicación.

Para documentar estas críticas, el portavoz presidencial, Iván Canelas, mostró a los miembros de la SIP lo que el Gobierno considera "manipulaciones" a través de recortes de prensa e informaciones de televisión de medios que el Gobierno considera afines a la oposición.

Santos también se mostró preocupado por las "campañas" del Gobierno para "desprestigiar la prensa y minar su credibilidad", así como por las agresiones físicas y verbales contra medios y periodistas.

“Una prensa crítica que cuestione y fiscalice no equivale a una prensa sediciosa ni subversiva", afirmó Santos al señalar que la "confrontación saludable" entre el Ejecutivo y los medios "es un componente esencial de una dialéctica democrática".

En este sentido, indicó que "el deterioro de las relaciones de los medios con el Gobierno es también el deterioro del clima democrático" y pidió al mandatario reconsiderar su decisión de no dar conferencias de prensa con los medios locales.

Ante esta petición, el líder indígena argumentó que tiene encuentros con periodistas de todo el país, pero que en La Paz sólo recibe a la prensa internacional porque los periodistas locales "parecen una granja de pollos" que hablan todos a la vez, tergiversan y mienten, explicó según la agencia Efe.

“Ojalá ustedes a sus obreros puedan educarlos si son la Sociedad Interamericana de Prensa, dueños de medios de comunicación, siento que los obreros tal vez los engañan a ustedes, roban plata, corrupción, mienten y eso no se puede aceptar”, dijo.

El segundo vicepresidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, valoró  los "canales de comunicación abiertos" con el Gobierno, así como su compromiso de "mantener total libertad de prensa”.

Son “instrumento político”

Las autoridades gubernamentales afirmaron ayer, ante la comisión de la SIP, que en el país existe libertad de expresión, tanto así, que ya raya en el libertinaje, y los grupos económicos poderosos hicieron un instrumento político de los medios de comunicación, para preservar sus intereses y atacar al gobierno.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, entregó a los representantes de la SIP documentos que denuncian que el perfecto de Pando, Leopoldo Fernández, pagó salarios con dinero del Estado a periodistas de canales privados de ese departamento, para que apoyen su proyecto político .

"Nadie, ni la ANP (Asociación Nacional de la Prensa) ni el Consejo de Ética de la Prensa respondió a nuestras denuncias", dijo a tiempo de señalar que las líneas editoriales de los medios privados están "vergonzosamente" manipulados con difamaciones al presidente y autoridades de gobierno.

 El presidente Evo Morales fue más duro, dijo que cada día soporta ataques de la prensa. "Nos hostigan, nos ofenden, nos califican de no pensar, de ignorantes. No importa, vamos a seguir aguantando; en Bolivia hay libertad de expresión..,”, sostuvo.

 Afirmó que lo cierto es que la prensa boliviana es ya "un movimiento político" que trabaja en la oposición, aunque precisó que no son propiamente los periodistas, sino los propietarios.

 (Segmento de Los Tiempos, presentaremos también otras versiones sobre la discusión en Palacio)

aunque ya se sabe en qué terminará la audiencia con personeros de la Sociedad Int. de Prensa, no deja de causar espectativa por la situación mediática

La SIP visita a don Evo
Una audiencia finalmente concedida por el presidente Evo Morales en la tarde de este miércoles en La Paz, cerrará la ajetreada agenda del colombiano Enrique Santos Calderón que preside la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), influyente organismo que nuclea a más de un millar de impresos del continente y que tiene como su fin principal la libertad de prensa y de expresión. Por segundo año consecutivo, la SIP se hace presente en el país, ahora ‘Estado plurinacional’ según el nuevo texto constitucional. Cuando todavía era ‘República’, por estas fechas de 2008 vino el entonces presidente Earl Maucker para realzar la entrega del Premio Libertad de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) al periodista Alfonso Prudencio Claure, Paulovich, y en el terreno tomó debida nota de las serias dificultades para la tarea del periodismo libre e independiente en nuestro medio.
No es casualidad el interés de la SIP por visitar Bolivia, donde se mantienen sumamente atirantadas las relaciones entre el gobierno de Evo Morales y los medios de comunicación que el mandatario tiene identificados y a los que señala cuantas veces puede como sus principales ‘enemigos’. Dicha organización no ha ocultado su inquietud por las agresiones que desde hace poco más de tres años, el tiempo que Morales lleva en el poder, se han vuelto casi una constante contra medios y periodistas especialmente por parte de grupos revoltosos afines al oficialismo, a tal extremo que la ANP calificó 2008 como el ‘peor año’ para el ejercicio periodístico en el país. Ni en las épocas de las oscuras dictaduras militares que asolaron Bolivia se había confrontado una situación semejante.
Santos Calderón ha tenido la oportunidad de dialogar con los periodistas de La Prensa, el periódico paceño sometido por el Gobierno masista a un juicio de imprenta por supuestamente haber tergiversado información relacionada con un bullado caso de contrabando, en el que aparecieron involucrados el prefecto interventor de Pando y un influyente ministro de Estado, ambos últimamente liberados de polvo y paja.
Como tendrá la oportunidad de hacerlo frente a frente, la SIP quiere expresarle a S.E. su preocupación por lo maltrecha que está la libertad de prensa en el ‘Estado plurinacional’ pero también tendrá que escuchar los puntos de vista de don Evo sobre un tema que le resulta urticante y le deja un mal sabor de boca. Hay justificados motivos entonces para aguardar con expectativa el encuentro y es de esperar que no termine con un portazo. Al contrario, por lo menos con señales de que el periodismo boliviano tendrá garantías dentro de un clima de respeto y democracia.(El Deber.SC)

algo que indigna y resulta inaceptable de parte de NNUU.

Una declaración de Dorothee Gottwald representante de la oficina de NNUU contra la Droga y el Delito, referida a la participación "voluntaria" del gobierno de Morales, sirvió como es muy frecuente para propaganda del régimen del MAS acusado de ser uno de los más corruptos de la historia delincuencial de Bolivia.

Los robos y corrupción en YPFB, con asesinatos y volteos de por medio, resultan totalmente desconocidos para Dorothee, que no se enteró que sobre la Administración de Caminos pesan denuncias no desmentidas de cuantiosos desfalcos y sobreprecios en la ejecución de obras viarias. No se entera la oficiosa funcionaria que la Price Waterhouse afamada consultora contratada por ENTEL, acaba de develar cuantiosos malos manejos en la nacionalizada empresa telefónica. 

Poco importa que la Administración esté participando de un programa piloto para hacer un estudio de mecanismos referidos a la prevención de la corrupción, si los delitos admitidos por Evo Morales, puesto que encarceló al principal acusado Santos Ramírez, han provocado el escándalo del siglo a la par que frenado la investigación para que se descubra a los cómplices de Ramírez en los multimillonarios desfalcos en negocios petroleros, de modo que la calificada de experta en corrupción y delitos económicos venga a poner de ejemplo a Bolivia y calificar a su gobierno de anticorrupción, es una broma de mal gusto. Existe motivo para sospechar que está pagada por Venezuela y que le hace un flaco favor a la ONU con informe sesgados y fuera de lugar.

  
    Sin embargo la funcionaria dijo que no ha terminado el trabajo de los inspectores para calificar si Bolivia logró rebajar los niveles de corrupción, labor que tomará algunos meses. Esta frase sin embargo no cambia la propaganda falseada del gobierno cuya ministro contra la Corrupción no ha cumplido un sólo ejemplo de parar el proceso que se ha quedado en el nivel de denuncia propagandística y engañosa. (Comité Nl. por la recuperación democrática de Bolivia)

    

    

cuánto de verdad puede haber en la nota de LT, con origen en ED, aunque si se ha publicado por todo el mundo tendrá algún asidero

Venezuela ayuda a Teherán a esquivar las sanciones económicas impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU, según el documento de la cancillería israelí. "Tenemos informaciones de que Venezuela suministra a Irán uranio para su programa nuclear", indica el informe.

 El texto afirma además que Teherán "está estableciendo células de Hezbolá (movimiento chiita libanés) en el norte de Venezuela y en la isla venezolana de Margarita".

 El informe se basa en informaciones recogidas por fuentes diplomáticas y militares, tanto israelíes como extranjeras, en todo el mundo.

 El presidente venezolano, "Hugo Chávez, es quien ha contribuido al acercamiento entre Irán y Bolivia. Parece que Bolivia es igualmente un suministrador de uranio del programa nuclear iraní", subrayó el documento.

 "Las relaciones entre Venezuela e Irán son particularmente estrechas. Según varios informes, Venezuela ayuda a Irán a esquivar las sanciones concediendo salvoconductos de viaje venezolanos a ciudadanos iraníes, permitiéndoles de esta forma desplazarse con total impunidad por toda América Latina, sin visado", agregó el documento de la cancillería israelí.

 La publicación de este informe coincide con la visita que la semana próxima tiene prevista realizar a América Latina el viceministro israelí de Relaciones Exteriores, Danny Ayalon, previa a una posible gira por la región del canciller israelí, Avigdor Lieberman.

uno de los generales moteados como "traidor y divisionista" es Gary Prado aunque no dio su nombre. De la bbc segmento.

Gary Prado es ahora general retirado y era capitán cuando estuvo al mando de la compañía que cercó y capturó a Ernesto Guevara en una desolada región del sudeste de Bolivia.

Muchos de los que combatieron y derrotaron al Che en Bolivia han muerto relativamente jóvenes, en circunstancias violentas o han tenido una vida llena de dificultades, pero Gary Prado tuvo una carrera relativamente exitosa y actualmente es dirigente del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, un partido político importante en Bolivia.

Sin embargo, el general Prado no se ha librado totalmente de lo que muchos han llamado "la maldición del Che". Hace aproximadamente dos décadas que Prado tiene paralizada la mitad inferior del cuerpo, debido a un disparo que recibió por la espalda en circunstancias aún no aclaradas, cuando el militar intentaba aplacar un intento de golpe de Estado protagonizado por sus colegas.

inventores de la píldora que quieren malquistar a los periodistas con sus medios empleadores. olvida el vocero que la medida existe desde larga data.

El Gobierno ha aprobado un decreto que “obliga” a las empresas periodísticas a reservar espacios diarios para que sus trabajadores puedan expresar sus ideas en artículos de opinión firmados.

Puesta en esos términos, la imposición parece ser el resultado de reclamos formales presentados por los organismos sindicales del gremio ante una supuesta negativa de los medios privados a incluir en sus páginas comentarios escritos por sus empleados, algo que, por lo visto, no ha ocurrido.
Según el vocero presidencial, la medida fue tomada “tras conversar con periodistas bolivianos”, no dijo con quienes ni en qué circunstancias, y está destinada a recuperar la figura de la “columna sindical” que, dijo esa autoridad, fue suprimida por los gobiernos “neoliberales”. Hacía referencia al espacio que se concedió, también mediante un decreto y con carácter obligatorio, a los periodistas de los diferentes medios escritos durante el gobierno de Juan José Torres, a principios de la década de los 70 del siglo pasado.
Hasta donde se tiene conocimiento, el decreto nunca fue derogado y si bien en un principio el espacio fue profusamente utilizado, poco a poco entró en desuso durante los regímenes militares, pero en ningún momento por rechazo de los propietarios de los medios.
Actualizar el tema, con advertencias alejadas de la realidad democrática que, por ahora, se vive en el país despierta sospechas sobre las verdaderas intenciones del decreto que, entre otros aspectos, “prohíbe expresamente cualquier tipo de censura a los comentarios que hagan los profesionales de la comunicación” e “imponer sanciones o despedir a sus empleados por escribir artículos contrarios a la empresa periodística en la que trabajan”.
Son enunciados inútiles y que más parecen destinados a provocar malestar entre empresa y sindicatos. Las páginas de los periódicos libres e independientes de Bolivia están abiertas a todas las corrientes de opinión, con más razón si provienen de sus propios trabajadores.

José Gramunt llegó siendo un joven sacerdote con grande fe, buena salud y mucho entusiasmo. Ama a Bolivia como a su patria misma. Recibe merecido don.

josé gramunt sacerdote jesuíta que ama a Bolivia
un ejemplo de vida para las generaciones

Marco Chuquimia. La Paz

El ‘Tata’ Gramunt dijo sentirse “ruborizado” como colegial cuando recibió, de manos del saliente presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Pedro Rivero Jordán, el premio Libertad 2009, en su tercera versión. Sin ambigüedades, el octogenario sacerdote puso énfasis en las dificultades que enfrentan los medios y los periodistas.“El periodismo en tiempos del colera” y “la prensa amenazada” fueron los temas centrales del discurso del laureado periodista, que llegó al país en 1952 y decidió iniciar una carrera con dos instituciones: radio Fides, que condujo durante 25 años, y luego la Agencia de Noticias Fides (ANF), que fue creada en 1963.
La afilada pluma del ‘Tata’ Gramunt se tradujo en su discurso donde censuró el populismo que se fundió, según su criterio, con la demagogia que trata de apoderarse de todos los poderes y amenaza la libertad de expresión. Afirmó que el cambio en sí es una palabra neutra, porque no se sabe si es para bien o para mal.
Luego dijo que la distinción que le otorgan “es un desafío” porque lo impulsa a mejorar y seguir buscando de la verdad, que se traduce en el texto o la palabra del periodista.Rivero Jordán aseguró que en las improvisadas aulas de la ANF Gramunt formó profesionales que hoy tienen una trayectoria destacada, como el escritor y poeta Pedro Shimose, que no estuvo presente por razones de salud.Rivero afirmó que la gestión pasada fue calificada como el peor año para el ejercicio periodístico; además precisó que en este año se produjeron 164 agresiones a profesionales y 148 a medios de comunicación.
Afirmó que el presidente Evo Morales sería el mejor candidato para ganar el próximo premio Libertad “si desarmando los espíritus de beligerancia, reconcilia a los bolivianos. Si logra restaurar su fe y esperanza en tiempos de mayor ventura”.En el acto de entrega estuvieron personalidades como el ex presidente de la República, Carlos D. Mesa, el presidente del senado Óscar Ortiz y el ganador del Premio Libertad 2008, Alfonso Prudencio, más conocido como Paulovich.Más temprano, en una ceremonia que se inició a las 11:30 en Círculo de la Unión de La Paz, la ANP renovó su directiva.
El ahora ex presidente de esta institución y director de EL DEBER, Pedro Rivero Jordán, fue reemplazado por Marco Antonio Dipp Muckled, director del Correo del Sur, de Sucre. El nuevo directorio, encabezado por Dipp, está integrado por Eduardo Bowles, (El Nuevo Día) Jorge Melgar (La Palabra, de Beni) y Jorge Carrasco Guzmán (El Diario, de La Paz) son los vicepresidentes, mientras que, Graciela Méndez (Opinión, de Cochabamba) es la tesorera. En tanto que Mario Roque (El Alteño), Centa Rek (La Estrella del Oriente), Virgilio Lema (El Nuevo Sur, de Tarija) y José Pomacusi (Poder y Placer).
Un trabajo incuestionablee invalorablePedro Rivero Jordán / Ex presidente de la ANPEl ‘Tata’ Gramunt, así lo llaman con respeto y cariño sus viejos colegas de oficio o los pupilos de sus improvisadas aulas de periodismo práctico, tenía 30 años, el joven sacerdote jesuita tarragonés, cuando llegó a Bolivia para quedarse. En 1963 fundó la agencia de noticias Fides y que en cerca de medio siglo de fecunda existencia entre nosotros, como pocos conoce las luces y sombras de este país que ama entrañablemente. En marzo pasado, con el director ejecutivo de la ANP, Juan Javier Zeballos, visitamos a José Gramunt de Moragas en su querida ‘trinchera’ de Fides, fue para hacerle entrega de la carta oficializando su nominación como premio Libertad 2009. Leyó el texto y, sin poder reprimir su emoción dijo luego que lamentaba no tener con quién festejar el premio y ni siquiera nietos para presumir. ¿Es o no es verdad, padre Gramunt? Es verdad, como también lo es que a falta de nietos inquietos como pájaros revoloteando a su alrededor, el ‘Tata’ tiene un montón de amigos, además de discípulos felices por este cabal reconocimiento al venerable maestro. (Fragmento de su discurso en la entrega del premio)
«El hostigamiento a los medios es una estupidez»José Gramunt de Moragas / Director de la agencia de Noticias Fides- ¿Qué significa para usted el premio?- No es sólo unas palmaditas en la espalda, agradezco las palmaditas pero tiene un sentido más serio, es un clamor de la sociedad representada en la palabra y la noticia que puede difundir un periodista.- En esta coyuntura de conflicto, ¿cree usted que hay libertad de expresión para los medios de comunicación?- Hay una libertad, pero amenazada, una libertad agredida, en lo personal e institucional: en lo personal porque a los periodistas se los insulta se los arremete, y en lo institucional porque desde muy alto se dice que las empresas somos terroristas.
El hostigamiento a los medios de comunicación es una incorreción, una ilegalidad y una estupidez.- ¿la libertad de expresión se maneja profesionalmente?- Hay un esfuerzo de lo que se puede, pero el problema es la escasez económica en los países desarrollados, por ejemplo, para el tema económico se tiene cuatro o cinco periodistas, en cambio nosotros tenemos un periodista para lo económico, social y lo político, entonces estos chicos hacen milagros.- ¿Cuál es el rol de los medios en la actualidad?- Es un papel central porque la política tiene sus más y menos; y los medios son los encargados de transmitir al consumidor, que es el público, cuáles son las novedades y los criterios que merecen los editoriales y los columnistas.
- ¿Cuál es su mensaje para las nuevas generaciones?- Que se formen académicamente y en un factor trascendental para cualquier actividad; además de que se dediquen a profundizar la vocación de servicio.

palo santo nos refiere el juicio contra La Prensa y lo que podría venir luego a meter miedo a los periodistas. que nadie le ataque!

Si bien el caso del matutino paceño La Prensa , muy a pesar de Evo y sus colaboradores, acabó siendo tratado en un Tribunal de Imprenta , el gobierno está muy lejos de sentirse conforme con esto y es claro que su objetivo es sentar un precedente para que nadie en el futuro se le ocurra informar sobre aspectos que puedan resultar perjudiciales para su gobierno.
Sacha Llorenti, con sus escasos conocimientos de Derecho pero siempre solícito ha comenzado a soplar al oído del presidente que existe la posibilidad de iniciar un juicio penal a La Prensa en caso que el Tribunal de Imprenta concluya que la información proporcionada por ese medio sobre una supuesta “luz verde” que habría dado Evo al contrabando en 33 camiones, era falsa o fue tergiversada.
Si el dictamen del tribunal resulta desfavorable a La Prensa, este medio se haría pasible a una multa de 400 bolivianos. Como se verá, las sanciones, de acuerdo a la Ley de Imprenta son esencialmente simbólicas pero implican la pérdida de credibilidad de la ciudadanía que es el mayor bien que dispone un medio de comunicación.
Pero esto para Evo y sus colaboradores no es suficiente. Si pudiera cerrar de manera expeditiva los medios que denuncian los muchos hechos oscuros de su gobierno, lo haría con mucho gusto, al estilo de su guía y mentor Hugo Chávez, pero por el momento prefiere guardar las apariencias, aunque no se sabe por cuanto tiempo más.
El respeto a la libertad de prensa no caracteriza al gobierno del MAS y el propio presidente ha expresado en más de una oportunidad su molestia por la labor que cumplen estos y llegó a calificarlos como sus enemigos. Se debe recordar también que el propio portavoz gubernamental, Ivan Canelas, quien paradójicamente fue dirigente de los periodistas, intentó hacer aprobar una ley que fue calificada muy atinadamente como “mordaza”.
De poco edificante y cobarde fue calificada la actitud del Primer Mandatario cuando humillaba públicamente a un periodista de La Prensa al amparo de su poder y sus guardaespaldas, en un acto en palacio de gobierno.

Ahora los periodistas de La Prensa están siendo víctimas de una sistemática labor de amedrentamiento al punto que durante la audiencia realizada en el Juzgado Tercero de Partido en lo Penal Liquidador para conformar el Tribunal de Imprenta, los agentes del Ministerio de Gobierno no se preocupaban por ocultarse de la misma forma que en las oficinas de este periódico en la zona de Villa Fátima en La Paz.
El mensaje es claro: estamos aquí y los estamos vigilando.
No deja de llamar la atención que Ana María Romero, periodista de amplia trayectoria se haya excusado de participar en el Tribunal. Alguien decía que sus compromisos con el gobierno del MAS son muchos y que de su cumplimiento depende la supervivencia de su ONG-fundación, UNIR y por tanto su excusa le permitía quedar bien tanto con su gremio como con el gobierno. De Pilatos esta lleno el mundo.
Por otro lado, la convocatoria de Sacha Llorenti pidiendo a los medios independientes “ecuanimidad” en el tratamiento informativo, es propio del cinismo del que hace gala. Por lo visto no ve los medios de comunicación masistas, donde la verdad brilla por su ausencia y todo se reduce a reproducir el guión que les envían desde palacio de Gobierno.
En consecuencia nadie debe llamarse a engaño. Lo que menos le interesa al gobierno es la verdad o la transparencia en el tratamiento informativo. Lo que Evo quiere son medios dóciles y que batan palmas ante las frecuentes barrabasadas que dice y hace.

enérgico editorial de La Prensa muestra las marcas de brutalidad que los masistas dejaron en el cuerpo de Marcial indígena reconocido a nivel mundial

Para los que tenían alguna duda sobre la instalación en nuestro país del reino de la intolerancia, las marcas de brutalidad que masistas dejaron sobre el cuerpo de Marcial Fabricano son la prueba de lo que es necesario identificar como un fascismo indigenista. Nada justifica la violencia sobre las personas, menos sobre un reconocido dirigente indígena, cuyo único delito ha sido pensar diferente.
Fabricano fue presidente de la poderosa Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), la misma que encabezó una histórica marcha, en 1991, hacia La Paz, en demanda de una Asamblea Constituyente que siente bases de un modelo de cambio que permita la integración de los originarios en el sistema político, económico, social y cultural de la República.
Se trata, de hecho, de uno de los fundadores del movimiento político que llevó al poder a don Evo Morales Ayma. Cansado de las promesas incumplidas, del autoritarismo en las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS), de las prebendas y la corrupción, Fabricano optó por pasar al frente opositor, quizás, con la esperanza de que las autonomías departamentales viabilicen sus añoradas demandas sociales.
El viernes 8, fue literalmente flagelado, golpeado y humillado por campesinos afines al oficialismo, bajo el pretexto de la “justicia comunitaria”, el concepto disfrazado para la “justicia por mano propia”, que el MAS ha institucionalizado en la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
Así lo ratificó el actual jefe de la Cidob, Adolfo Chávez, estrechamente vinculado con el Gobierno del MAS, quien precisó que la “arroba de azotes” forma parte de las costumbres legalmente establecidas en su comunidad, y ahora, en la nueva CPE, para castigar a los disidentes. Ergo, no es posible pensar diferente, sólo es posible un pensamiento único bajo el régimen del chicote, la persecución y las amenazas. ¿Eso es democracia indígena? No, eso es “fascismo indígena”, el mismo que se propugna desde las más altas esferas del oficialismo.
Acongojado y con las lágrimas en los ojos, Marcial reclamó que el actual régimen no haga abuso de su poder, que Dios y el mundo lo están viendo. “Bolivia no merece estos atropellos. Los bolivianos eligieron a su gobierno para que gobierne, no para que haga esto”. Y destacó una frase que me pareció paradigmática de la dramática situación: “Esto no tiene nada que ver con un gobierno indígena”.
Para guardar las formas, algunos legisladores del masismo aseguran que no están de acuerdo con estas violaciones a los derechos humanos y reclamaron una investigación a la Fiscalía. Además, sería bueno que presenten una denuncia internacional ante las Naciones Unidas para señalar con absoluta claridad cómo se están atropellando los derechos de quienes piensan diferente, paradójicamente, como en este caso, de un dirigente indígena disidente. Pero éste no es el único caso. Otros tantos indígenas que no están de acuerdo con el actual régimen son castigados con represalias comunitarias propias del medioevo y la inquisición. La misma Iglesia Católica ha recibido una señal política muy clara en la ciudad de El Alto, donde los comunarios comienzan a tomar y destruir predios de las parroquias. Que a nombre de la “justicia indígena” no se atropelle a la democracia y a los derechos humanos.

El autor es Jefe de Redacción de La Prensa carloshugomorales68@gmail.com

quo vadis santa cruz? cuando la intriga, la mentira, el contubernio se utilizan para denigrar a la gente y se paga a periodistas que mienten? Ca. Reck

De un tiempo a esta parte y a medida que el gobierno de Evo Morales y sobre todo sus servidores se enteraron que una agrupación de ONGs del continente ha elaborado una nueva investigación sobre los sucesos de Pando, se inició una persecución frontal contra Jorge Mones y la organización UnoAmérica que ha sido la única que ha tomado en serio los sucesos violentos acaecidos en Bolivia y se ha atrevido a ponerle el cascabel al gato, mostrando la voluntad de hacer una investigación sobre tan luctuosos episodios de nuestra historia. Llama la atención que nadie antes hubiera hecho amago de hacer una investigación paralela a las oficiales, lo que nos muestra que todos tenían temor de las represalias que tomaría el gobierno ante quienes se atrevieran a dar ese paso, situación que llevó a que todos prefieran acomodarse en sus sillones, viendo los atropellos de palco y quedando amén mientras siguen procreando las injusticias que no han terminado en Pando y que están haciendo vivir a nuestra sociedad en total zozobra y persecución.
Pues bien, desde que el gobierno y sus seguidores supieron que UnoAmérica ha elaborado el informe, han echado mano de todas las tretas posibles para desprestigiar a esta organización que ha tenido la voluntad de brindarse como observatorio de los derechos humanos tan vapuleados y vilipendiados en Bolivia.
Este es el motivo por el que el llamado testigo clave que no es otra cosa que un prontuariado que por x o z motivos se vendió al mejor postor, motivo por el cual en sus declaraciones no hace otra cosa que recitar mal el papel que los ejecutores del plan de toma de Santa Cruz a través de un golpe de Estado bajo el pretexto del terrorismo, ha dicho entre otras cosas ambiguas y sin asidero que él sabía que Rozsa se reunió con carapintadas en Santa Cruz. Por supuesto que esta es otra de las confabulaciones de esta telaraña de mentiras en la que el Gobierno y algunos malos cruceños vendidos pretenden hacernos caer y hacer pagar a justos por pecadores.
En una actuación de lo más deleznable el periódico La Prensa de La Paz, seguramente para congraciarse con el Ejecutivo y para que estos lo perdonen, o porque recibió algún tipo de estímulo para hacerlo, realizó un reportaje de una pagina hablando de la supuesta vinculación de Rozsa con los carapintadas y el objetivo de la nota es a las claras una nota vendida en la que tras la apariencia de un reportaje se intenta criminalizar a personas u organizaciones para los fines que el gobierno necesita hacerlo.
En una parte de la nota de prensa, sin ningún disimulo el periodista cita que el ex militar Jorge Mones, motivo de los desvelos de Mattarollo, porque se apersonó a la casa rosada para entregar en las mismas manos de Cristina Fernández una carta en la que le pide la destitución de Mattarollo, “fue visto en Santa Cruz en compañía de la analista y periodista Centa Reck, bajo cuyo mando se reorganizó Human Rights Foundation Bolivia, después de que el presidente de esta entidad, Hugo Achá, se autoexilara” . Esto es por supuesto una sugerencia interesada y con una clara connotación de buscar criminalizar las acciones de UnoAmérica y de Human Right.
Como si esto fuera poco, una reportera de turno, que no quiso identificarse me llamó en la tarde de ayer para decirme que iba a publicar una foto en la que cree que estoy con Jorge Mones y con Hernán Cabrera, este último dirigente de la Federación de peridistas, la foto posiblemente fue tomada afuera o dentro de la sala de prensa de la prefectura en la que UnoAmérica dio una conferencia de Prensa para anunciar la investigación de Pando, pero más allá de esto la sugerencia era clara, pues la periodista no quiso tampoco explicar quien había hecho la nota anterior y siguió en el plan de extorsión abierta sembrando supuestas dudas y sugerencias.
Estas son las acciones supuestamente periodísticas, las incriminaciones a nombre de un dato dado por un delincuente que es tomado como cierto y que sin ninguna investigación se da por hecho que Mones se entrevistó con Rozsa, aquí también queda en claro que los supuestos periodistas seguramente tienen precio para decir lo que les mandan decir.
Pero ya nada de esto es raro, por supuesto, porque este es el clima que se vive hoy en Bolivia, que es ya un país en el que no existe la política sino que operan diferentes mafias económicas, de extorsión, de lavado de información, de informantes, de saqueo del Estado, que pura y llanamente pelean por intereses, por negocios y que para sellar estas alianzas necesitan deshacerse de las personas a quienes no les ha dado la gana de venderse al mejor postor o ponerse precio.
Están sucediendo cosas tan aberrantes, como es el hecho de que a una señora que ha trabajado duramente por las autonomías y que ha hecho algunas críticas a la dirigencia interna, además e incluirla en las listas de supuesta terrorista le están haciendo una propaganda terrible en la que implican su reputación y su honestidad como dama.
Nuestra sociedad esta podrida, asquea, está sacando sus peores contenidos y todo a cuenta de ganarse unos puñados de dólares haciendo negocios jugosos que esperan que procreen y surjan de entre los contubernios que han creado en pactos en los que no hay ideología que separe a quienes aman el dinero y el poder más que cualquier otra cosa.
¿Dónde vamos Santa Cruz?
¿Dónde va Bolivia?
Con seguridad que a nada bueno, si los hombres no muestran su hombría y denigran mujeres para seguir haciendo de las suyas con negociados y la política se ha convertido en una mafia en la que todo se hace con fiscales falsos, testigos delincuentes y un coro de chismosos, intrigantes y rateros que fungen como hombres que están construyendo la historia.
Si las cosas siguen así, entre cobardía, infamias, aguante y tranzas, sólo quedaremos las mujeres para darles lecciones de moral a estos señores que ya apestan.

significará "un golpe de Estado" descabezar el Poder Judicial. advierte Carlos Mesa al vice García Linera en carta abierta

El ex presidente Carlos Mesa advirtió este miércoles al gobierno que las presiones que comenzó a ejercer sobre el Poder Judicial, apoyada en la nueva Constitución Política del Estado, conllevan un riesgo de Golpe de Estado.
El ex mandatario envió este miércoles una carta al vicepresidente de la República y presidente del Congreso Nacional, Alvaro García Linera, mediante el cual critica el pedido de la ministra de Justicia, Célima Torrico, quien pidió la renuncia de tres ministros de la Corte Suprema de Justicia, apelando a una interpretación de disposiciones transitorias de la Constitución y a razones “éticas”, vinculadas al voto por el No que esos ministros adelantaron antes del Referendo Constitucional.
“Sobra decirle que la eliminación de la o las cabezas de uno o más poderes del Estado, se entiende como un golpe de Estado”, advirtió Mesa en la carta enviada a García Linera.
“Apelo a Usted como cabeza del primer poder del Estado, para que defienda el cumplimiento de la Constitución, el principio de libertad de conciencia y el sometimiento a la ley como premisa fundamental de la vida democrática”, refiere la carta.
Pidió al vicepresidente demandar el respeto a la independencia de poderes que la ministra vulnera. “Ningún miembro del poder Ejecutivo puede pedir a un miembro de otro poder, la renuncia a un cargo que ocupa legalmente por haber sido elegido mediante más de dos tercios de votos del Congreso Nacional.
Si el Ejecutivo no respeta esa independencia, volveremos a repetir los errores históricos que hicieron del Poder Judicial un apéndice del gobierno que está circunstancialmente en el mando de la República”, manifestó.
Mesa recordó que el artículo 183 establece que la Corte Suprema de Justicia está integrada por ministros elegidos por el Congreso Nacional por un tiempo de funciones de 10 años, y emerge de la Constitución de 1967. El Tribunal Supremo de Justicia integrado por magistrados elegidos mediante sufragio popular por un período de 6 años es una nueva institución que todavía no ha sido conformada.
“Si tomamos en cuenta que el Tribunal Constitucional en los hechos ya está anulado por obra del gobierno, con esta pretensión de dejar inhabilitada de facto a la Corte Suprema de Justicia, dejará de existir todo control de legalidad de las autoridades públicas. Por tanto, en Bolivia ya no estarían dadas las condiciones para el control de constitucionalidad y de legalidad, pilares del Estado de Derecho, del sistema democrático y la protección de los derechos humanos”, expresa el documento.
Confío, sostiene Mesa en su carta, en que persuadirá Usted (García Linera) al Presidente y a su gabinete de cesar en esta actitud que pone en riesgo valores esenciales de nuestra democracia y, sobre todo, debilita la idea de que todos nos debemos someter a la Constitución, empezando por el Primer Mandatario de la República y los ministros que lo acompañan.

aunque no lea periódicos, ni escuche la radio Morales tiene obligación de atender el clamor popular por los atropellos humanos que comete cada día! LR

Día a día se van sumando atropellos contra los derechos humanos en Bolivia, que es necesario detener cuanto antes. El Gobierno debe comprender que una escalada de esta naturaleza, además de causar miedo en la población, se refleja con mayor preocupación en el exterior, haciendo que el país sufra las consecuencias de una crítica muy justificada.
Los golpes y la tortura se están convirtiendo en algo cotidiano y esto se ha visto con el secuestro y golpizas de que han sido objeto algunos ciudadanos en los últimos meses. La semana pasada, sucedió con dos ciudadanos cruceños sospechosos en el caso del presunto terrorista Eduardo Rózsa Flores, que fueron obligados a declarar bajo tortura según sus propias declaraciones y las conclusiones médicas.
La opinión pública se ha conmovido con las escenas y fotografías de la brutal flagelación de que fue objeto el líder indígena beniano Marcial Fabricano, quien habría sido sometido a una tortura de dos horas por elementos afines al MAS en cumplimiento de la llamada “justicia comunitaria”, ahora incluida en la nueva Constitución Política del Estado. Algo similar sucedió con Crispín Gaspar, otro dirigente indígena que fue expulsado del Chapare por tener simpatías con la causa autonomista.
Lo más grave es que, luego de los azotes que dejaron malherido en un hospital a Fabricano, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, justificó el brutal hecho afirmando que Fabricano habría sido un impulsor de la “justicia comunitaria” y luego su víctima por burlarse de ella, por no obedecerla. Coincidió con Almaraz el principal dirigente de la Central de Indígenas del Oriente Boliviano, afín al MAS, Adolfo Chávez, aunque manifestó que no había existido una violación a los derechos humanos porque “esto ya viene desde el 2007”. En la misma línea de Chávez estuvo el jefe de bancada de los diputados del MAS, César Navarro.
No obstante, como suele suceder frecuentemente, las contradicciones no estuvieron ausentes dentro del partido de gobierno, ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, manifestó, según informó este medio, que “es un caso de violación a los derechos humanos que debe seguir las vías judiciales que correspondan…hasta sancionar a los responsables”. A los responsables se los conoce porque Marcial Fabricano los vio, los conoce, pero es muy improbable que sean procesados por la justicia porque gozan del amparo oficial.
El Prefecto del Beni, así como el presidente del Comité Pro Santa Cruz, e indígenas que respaldan a Fabricano, han protestado airadamente por los métodos de tortura que se vienen aplicando en el país y exigen que se escuche la voz del Defensor del Pueblo y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que hasta ahora no han emitido opinión sobre este lamentable suceso.
Es muy grave para el Gobierno que preside Evo Morales que las violaciones a los derechos humanos y las que acontecen contra los derechos individuales y de expresión, se repitan con tanta frecuencia e impunidad en Bolivia. Esto deja ver claramente que existe un afán por acallar las voces de la oposición y toda crítica al régimen, justamente en un año electoral, cuando todas las libertades deben ser respetadas como una señal de que en la nación existe una auténtica democracia.

César López jefe de estado mayor del comando conjunto de las FFAA durante los sucesos de octubre 2003 será enjuiciado por decisión de JR. Quintana.

La “masacre de octubre” es uno de los tantos capítulos de nuestra historia que se mantiene en una nebulosa generada por intereses políticos. Es claro que en el actual gobierno no existe el mínimo interés por esclarecer esos luctuosos hechos pero sí de utilizarlos para sus propios intereses.
El MAS nunca tuvo la voluntad real de enjuiciar a Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores. De otra forma se hubiera dedicado a fortalecer el sistema judicial y no a desmontarlo de la manera prolija en que lo hizo y lo sigue haciendo, favoreciendo, en los hechos, a quienes dice querer enjuiciar.
Esto ha generado un clima de inseguridad que está obligando a algunos funcionarios del gobierno de Goni a pedir asilo en el Perú, ya que consideran que no tienen garantizado un proceso justo y que primarán las consideraciones de tipo político.
Lamentablemente el gobierno no se ocupa de despejar las dudas al respecto y, por el contrario, genera nuevas dudas sobre el curso del proceso que se inicia el próximo 18 de mayo.
Se debe recordar que el entonces jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Gral. César López, fue excluido del juicio siendo exculpado de facto por el gobierno del MAS, sin tener que llegar a las instancias judiciales. Se adujo que no tuvo nada que ver en la represión que dejó el deplorable saldo de 60 muertos y casi 400 heridos y se lo mostró poco menos que un héroe.
Sin embargo, se sabe que pasó a Evo información que fue bien utilizada durante la campaña electoral del 2005, por lo que fue premiado con el apetecido cargo de presidente de la Aduana Nacional.
Sin embargo, mucho agua ha corrido bajo el puente y López ha pasado de héroe a villano como consecuencia de haber involucrado al todopoderoso ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en el tránsito de 33 camiones cargados de contrabando en el departamento de Pando.
Quintana está decidido a hacer pagar este desliz a quien fuera su entrañable amigo y ha dispuesto que López sea reincorporado, a como dé lugar, en el proceso sobre los sucesos de octubre y parece que esta instrucción será cumplida con la misma facilidad con que fue salvado.
No se trata, ciertamente, de una buena señal sobre el adecuado curso del proceso y se debe tomar en cuenta, además, que se está citando tan solo a los protagonistas de un solo sector y no a aquellos que se jactan de haber sido los gestores de los hechos de violencia y bajo este rótulo se han encaramado en el gobierno del MAS para obtener jugosos réditos.
Los sucesos de octubre de 2003 tienen protagonistas de varios bandos, tuvieron un origen y naturalmente, también, sus consecuencias que todos deploramos y esperamos que jamás se repitan. El esclarecerlos es una tarea pendiente cuyo cumplimiento se ve por el momento obstaculizada debido a que lo prioritario para el MAS es su instrumentalización política.
(Le pasa la factura, titula Palo Santo a su artículo en www.ernestojustiniano.org)

terrorista del MAS salió de la cárdel después de algunas semanas, "terroristas cambas" tendrían 30 años de prisión, risible y dramático. H.Vacaflor

El delito de terrorismo, por ejemplo, recibe un tratamiento diferente cuando el terrorista es un militar que trabaja en el Palacio de Gobierno. Si el terrorista es cruceño, la gravedad del delito aumenta, incluso si sólo has sido terrorista de pensamiento. Conforme el origen del terrorista se acerca a La Paz, disminuye la gravedad. Hay un cochabambino que fue terrorista y que ahora es Vicepresidente. El ser cruceño es un agravante para casi todo. Lo único que está autorizado a hacer un cruceño sin el riesgo de cometer delito es meter goles para la selección, pero no debe esperar que todos se alegren de sus goles.El Gobierno del cambio ha revolucionado el concepto de prohibir. Ahora está prohibido vender ropa usada, pero nadie está a cargo de aplicar la prohibición. En la práctica, por lo tanto, vender ropa usada está permitido, aunque esté prohibido.La propiedad privada está garantizada. Pero esa garantía está condicionada, no a que tengas los papeles en regla, sino a cómo hayas votado en el referéndum del 25 de enero. Ahora, la propiedad privada se define en un cabildo abierto vecinal. Sería largo enumerar todas las innovaciones del Gobierno del cambio. Quizá la más novedosa de todas sea la innovación de la oferta electoral.Se la podría resumir en la frase: lo importante no es lo que yo hago, sino lo que dejo hacer. Es un paso más en la democracia participativa: el pueblo participa incluso en la elaboración de la oferta electoral. Termina siendo una oferta a la carta.El texto de la nueva Constitución está pensado en esa oferta. El Estado boliviano rige en todo el territorio, pero la propiedad de lo que está en el territorio es de los pueblos originarios, dice el texto.Un pueblo tan perceptivo como el boliviano ha captado el mensaje de inmediato y lo ha aplicado al vuelo. Lo último: hace dos días fueron tomadas las instalaciones de COBEE en Oruro y sólo podrá seguir funcionando si los empleados son despedidos y reemplazados por los lugareños.El Estado boliviano ha dado su palabra en concesiones mineras, pero si los originarios quieren ignorar esos derechos, lo pueden hacer. Nadie ha de hacer nada para que se cumpla lo que el Estado ha dispuesto.La interpretación más extrema de esta oferta la ha hecho la CIDOB. Dicen sus dirigentes: no nos importa tener escaños en la futura Asamblea Plurinacional; lo único que queremos es que se nos pague regalías por la explotación de los recursos naturales de nuestro territorio, las tierras bajas.Es decir: no vamos a fingir que pertenecemos a un país o que nos entusiasman sus farsas deliberativas: sólo queremos recibir nuestra parte, al contado, por el hecho de pertenecer a este territorio. Pueden ustedes traer a Mama Ojllo, o a la mama que los crió, y hacer lo que quieran, siempre y cuando nos paguen.Es lo más lejos que ha llegado el proceso de disolución de Bolivia. Si éste era el plan, la verdadera oferta, fue logrado. Se desató la tempestad.Y si no fue así, pues el doctor Frankenstein está a punto de ser víctima del monstruo que creó.

han convertido a La Paz, de crisol de la libertad en una carceleta? se pregunta La Razón en su subeditorial. los juicios demorados afectan su imagen

La Paz, ¿de crisol a carceleta?
El hecho de que el Gobierno haya decidido concentrar en la ciudad de La Paz todos los procesos de investigación que realiza la Fiscalía para casos de todo el país, es observado por los investigados, sus parientes, sus abogados y expertos nacionales y extranjeros.
La única excepción en estas críticas son los organismos de derechos humanos, incluido el Defensor del Pueblo, que han optado por ignorar lo que todos los demás consideran como atropellos a los derechos humanos, con lo cual las autoridades del Ejecutivo se consideran autorizadas a seguir con estos hechos.
Algunos líderes paceños advierten que la ciudad de La Paz, otrora considerada el crisol de la bolivianidad, será afectada porque ahora carga el título de ser sede de la cárcel más cosmopolita del país, con presos políticos de Pando, del Chaco tarijeño, de Santa Cruz y de Beni.
El sentimiento de los paceños es que no aceptan que su ciudad sea convertida en la cárcel del país entero, y quisieran que cada departamento tuviera, como está establecido en el ordenamiento del sistema judicial, todos los niveles de participación.
Al llevar adelante estos procesos judiciales en la sede de gobierno, el Poder Ejecutivo argumenta que está realizando estas acciones por razones de seguridad del Estado. Pero esto afecta la imagen de La Paz y está dañando el sentimiento de unidad nacional.
Sobre todo se daña la imagen de la ciudad de La Paz, que ahora se la menciona como una amenaza en todo el país. Que los ciudadanos del resto del país sean traídos a La Paz como castigo no es algo que ayude a la imagen de la ciudad, sobre todo a la que tenía el título de ser la que mejor unía a los bolivianos.
En el interior se menciona este hecho como otra consecuencia del centralismo que aplican las autoridades desde La Paz.
Eso trae otras consecuencias para la Ciudad del Illimani. Son motivos para que la gente del interior llegue a realizar marchas o manifestaciones en las calles ya atascadas por otras protestas.
Descentralizar los procesos de investigación de los casos políticos serviría para devolver la armonía y la confianza y sobre todo permitiría que La Paz pierda la fama de ser la sede del centro penitenciario más grande del país.

humberto vacaflores acierta otra vez cuando advierte que existe nerviosismo en el MAS que líderes quéchuas y aymaras están en contra.no salte, lea!

Nerviosismo masista
En una sola semana, la pasada, el MAS y el proyecto de reelegir a Evo Morales en diciembre sufrieron muy graves traspiés. El mayor de ellos fue la deserción del líder campesino Román Loayza y el segundo fue la renuncia del presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), José Luís Exeni.
Nacionalización apurada: De nada valió para restablecer la confianza masista una nacionalización hecha de prisa para el 1 de mayo por el presidente, afectando a una pequeña inversión británica, ni los bonos que anunció para ganarse la simpatía de los empleados públicos.
Lo de Loayza es muy grave (ver pagina 2) porque implica el desmarque de los quechuas del proyecto masista y la renuncia de Exeni pone en duda la realización de las elecciones del 6 de diciembre, que el presidente no quisiera que sean aplazadas porque ve menguar muy rápido el apoyo electoral.
La decisión de Loayza de irse del MAS y proponer una candidatura que rivalice con Morales se veía venir, por las decepciones del cochabambino. La de Exeni sólo fue previsible en los últimos días, cuando el presidente retornó de La Plata, Argentina, donde recibió el entusiasta apoyo de los bolivianos residentes. Al día siguiente de su retorno a La Paz, la CNE hizo saber que se habían intensificado las presiones para que aumente en porcentaje de residentes en el exterior que puedan votar en diciembre.
Versiones diplomáticas dicen que Exeni renunció porque estuvo a punto de anunciar que era imposible cumplir con el nuevo padrón biométrico, y no se lo permitieron. Quizá hayan sido las dos razones las que hicieron que Exeni se vaya aduciendo razones “familiares”.
Frustración terrorista: Otro traspié muy duro sufrió el gobierno la semana pasada: se desplomó la trama que estaba avanzando para mostrar que había surgido un grupo terrorista cruceño que quería matar al presidente. Morales, que hasta ahora ha denunciado doce intentos de magnicidio contra su persona, estaba en su salsa con esta trama, pero ordenó que todo sea frenado cuando un detenido en las investigaciones reveló que, en realidad, los terroristas querían matar al prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas. Debió suspender su asistencia a una marcha contra el terrorismo que quería hacer en Yacuiba, lanzando la campaña electoral.
Llega Carter: El desconsuelo del presidente no disminuyó ni siquiera con la visita que recibió del ex presidente de EEUU Jimmy Carter, que le ayudará a restablecer la normalidad de las relaciones diplomáticas con ese país.
Y, para empeorar las cosas, una burla de Internet: un travieso hacker hizo aparecer al presidente Morales en la lista de las diez personas más influyentes del mundo de la revista Time. El chiste hubiera pasado inadvertido si no fuera que la Tv estatal boliviana lo difundió, con mensajes de mucho orgullo. Cuando se descubrió la falsedad del hecho, el canal estatal sólo enmudeció.
Disidencia quechua
En las últimas semanas, lo más llamativo que ha ocurrido en la política nacional es que los quechuas han mostrado su deseo de distanciarse del proyecto hegemónico aymara que respalda al presidente Morales.
Este desmarque comenzó con la decisión de Alejo Véliz, un líder campesino de Cochabamba, que decidió lanzarse como alternativa en las elecciones de diciembre. Y la semana pasada se produjo la deserción de Román Loayza del MAS y su deseo de ser candidato para rivalizar con Morales. El alcalde de Potosí, René Joaquino, otro quechua, hace tiempo que se ofrece para encauzar la corriente opositora.
Disolución de Bolivia: Pero no son solamente los quechuas los que están desencantados con el proyecto masista. La semana pasada la CIDOB (Confederación Indígena del Oriente Boliviano) produjo un documento muy expresivo, e incluso cínico: dijo que a sus afiliados no les interesaba que se les dé una mayor representación en la futura Asamblea Plurinacional, sino solamente el derecho a cobrar impuestos a quienes pretendan explotar los recursos naturales de las tierras bajas.
El documento refleja la tendencia que podría haber surgido entre los miembros de los pueblos originarios después de que los ayllus del altiplano decidieron tomar por la fuerzas algunas minas en explotación con el argumento de que la nueva CPE reconoce a los pueblos originarios la propiedad de todos los recursos naturales.
El mensaje de la CIDOB expresa la reacción más preocupante de los pueblos originarios ante la institucionalización del “Estado plurinacional”. Bolivia ha pasado a ser sólo un territorio habitado por naciones dispersas, que se tienen que valer por ellas mismas. A la CIDOB no le interesa la Asamblea Plurinacional, sino solamente los ingresos que pudiera tener de la explotación de los recursos naturales. Por supuesto no querrán ni la ayuda ni la fiscalización de las instituciones del Estado para usar esos recursos. Es decir que Bolivia se está disolviendo.
Los aymaras rebeldes: Pero esa es una consecuencia, por supuesto que no meditada por los líderes del MAS, de las reformas diseñadas para la región.
Para los estrategas del MAS es probablemente más preocupante el desencanto de algunos aymaras.
En ese frente, los nombres más llamativos son los de Rufo Calle, un dirigente campesino de la región de Tiwanacu, y el alteño Roberto de la Cruz, que presume de ser el líder de casi todos los movimientos revolucionarios que se produjeron en El Alto desde el año 2000.
El ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas es considerado un traidor de la corriente étnica, pero es el principal personaje aymara que se opone a Morales. Se ha convertido en el símbolo mayor de la ruptura de este enfoque racista de la política boliviana. Él habla en nombre de una Bolivia moderna, que ha superado los detalles de los pueblos que la conforman y que habitan el territorio nacional.
El hecho de que su casa de la zona altiplánica de Huatajata, entre La Paz y el lago Titicaca, siga ocupada por aymaras que no le perdonan estar en contra de Morales, lo convierte en un héroe de la Bolivia del siglo XXI.

apoyo a los trabajadores de Canal 7. lo más grave es que pignoren sus beneficios sociales. que se cierre la fuente de trabajo y que se subcontrate

El jefe de la bancada de Poder Democrático y Social (Podemos) en la Cámara de Senadores Roger Pinto denunció ayer, que el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana fue el artífice del Decreto Supremo 0074 de quiebra de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana Canal 7 (ENTB) para encubrir los hechos de corrupción denunciados en ese medio de comunicación del Estado.
En conferencia de prensa el senador opositor puso en tela de juicio la corriente "socialista" del gobierno al denunciar que se destituyó a todos los funcionarios de Televisión Boliviana, sin pagar sus beneficios sociales para volver a contratarlos, en franca vulneración de la Ley General del Trabajo.
"La corrupción salta en cualquier parte de la administración pública. Fue el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quién hizo el decreto de quiebra de televisión boliviana canal 7. Con un decreto, el gobierno una vez más pretende ocultar los actos de corrupción en canal siete cuya presidencia está en manos del ministro Quintana", denunció.
“En virtud al Decreto 0074 el Gobierno dio de baja la razón social de la extinta Televisión Boliviana que tenía un activo de 30 millones de dólares y una deuda superior a los 70 millones que fue borrada de un plumazo", dijo el senador. En ese contexto Pinto señaló que "esto no es novedad en este gobierno que ampara la corrupción, el narcotráfico y el contrabando", al recordar los hechos de corrupción en YPFB, el contrabando que involucra al ministro Quintana y los delitos de narcotráfico que involucran a altos dirigentes del MAS como Margarita Terán.
"No es novedad que en televisión boliviana canal 7 hubieron denuncias de corrupción. Recordarán los sobreprecios en la compra de equipos que involucraban al ex gerente general de TVB, Irguen Pastén, pero con un decreto se tapa toda la corrupción", afirmó. De manera sorpresiva la noche del pasado martes, el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana anunció el Decreto 0074 por el que el Gobierno liquidó la Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB) por pérdidas millonarias que superan los 56 millones de bolivianos y creó la nueva televisora estatal, que se llamará "Bolivia TV".

la hora de la verdad con pruebas, no con inventos puntea La Razón en oportuno artículo editorial relativo al caso Rózsa

Lo que le corresponde al Ministerio Público, y por supuesto al fiscal Sosa, es sustentar las afirmaciones soltadas el lunes con pruebas de que la dirigencia de Santa Cruz está involucrada en esta supuesta aventura sin sentido; si no lo hace, llevará a concluir de que hay manipulación.
El fiscal Marcelo Sosa convocó la noche del lunes a periodistas para revelar detalles de la investigación del caso Rózsa, con el fin de sustentar la tesis de que en Santa Cruz hubo acciones de terrorismo e intentos separatistas. Desde un atril y apoyado por un organigrama involucró a la dirigencia cruceña, incluso al prefecto Rubén Costas, con la organización del miliciano Eduardo Rózsa Flores, muerto durante un operativo policial en un hotel de esa ciudad.
Cual piezas de rompecabezas, los nombres de los presuntos implicados fueron ubicados en reuniones y operaciones que se habrían realizado días antes de que tres miembros del grupo fueran abatidos la madrugada del 16 de abril y dos heridos fuesen trasladados a La Paz. Tras 18 días de investigación “bajo reserva”, Sosa publicó los detalles obtenidos de un “testigo clave” y de otros dos detenidos acusados de proveer armas al supuesto grupo terrorista y que sólo guardarán arresto domiciliario.
Pese al clamor de que este caso no caiga en la politización, el fiscal lo llevó hacia un escenario complejo, imprevisible y subjetivo. Además, un día después de la conferencia de prensa, se sabe que Marcelo Sosa sorprendió a los investigadores de la Policía asignados a este caso, pues éstos aún estaban en el afán de cruzar la información obtenida de diversas fuentes. Para colmo, el representante del Ministerio Público, tras aquella parafernalia, dice que sólo tiene indicios.
Aquellas declaraciones coincidieron con el primer aniversario de la victoria del referéndum autonómico de Santa Cruz.
Sosa reveló nombres de personas a las que ni siquiera había convocado a prestar sus declaraciones informativas y provocó un giro en el caso: el Comité Cívico pro Santa Cruz cerró filas en torno a los dirigentes y anunció la creación de un consejo que defienda a los bolivianos que se sientan agredidos por el Gobierno.
Lamentablemente, el caso Rózsa está sumergido en aguas oscuras, cuando la Fiscalía General de la República debería hacer cuanto esté a su alcance para que sea manejado con la mayor prudencia, pericia y objetividad, pues debe esclarecerse por la seguridad del país y de los bolivianos. Sin embargo, está en fase de investigación preliminar, no ha llegado al ámbito del proceso judicial y ya está contaminado. Un caso de semejantes connotaciones no puede estar a cargo de una sola persona.
Los restos de tres personas abatidas —cuyos exámenes forenses son un misterio—, la reveladora entrevista de Rózsa, las pruebas de que éste tuvo varias identidades, son quizás los elementos más fuertes de un caso que hoy tiene más interrogantes y elementos contradictorios que certezas. Aún no se puede entender, por ejemplo, por qué la Policía abatió al hombre que pudo haber permitido despejar este presunto entramado terrorista, al jefe del grupo, el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa.
Lo que le corresponde al Ministerio Público, y por supuesto a Sosa, es sustentar las afirmaciones soltadas la noche del lunes, con pruebas de que la dirigencia de Santa Cruz está involucrada en esta supuesta aventura sin sentido ni futuro. Lo contrario llevará a concluir que hay una manipulación política. Urge que este caso sea investigado en el ámbito técnico, en los estrados judiciales, que se informe sobre él, pero que no esté sujeto a manejos mediáticos sospechosos.

palo santo hace incapié en el mal uso de los militares que está haciendo Evo instruído hasta en los detalles desde el exterior. qué peligroso y serio!

Ha quedado claro a que se refería Evo Morales cuando instruyó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas haga los estudios necesarios para adecuar el rol de la institución castrense a la nueva constitución política del Estado. Se trata, en suma de convertir a las Fuerzas Armadas en un grupo de ocupación interna en el oriente boliviano con el pretexto de combatir al narcotráfico y de impedir un supuesto “separatismo”.
Las FFAA de la Nación, por instrucciones de su Capitán General, el presidente Evo Morales, literalmente ocuparon la población de San Ignacio de Velasco en el Departamento de Santa Cruz. Es la pauta sobre la función que se tiene reservada para la institución castrense dentro del “proceso de cambio”.
Un primer experimento de este tipo se produjo durante los enfrentamientos del 11 de septiembre de 2008 en el departamento de Pando y los resultados son conocidos, a pesar de que se intentó falsear los hechos o atribuir la responsabilidad a uno solo de los bandos y mostrar al otro como indefensas e inofensivas víctimas.
La ocupación de San Ignacio, con la evidente protesta de la población civil, es solo un eslabón más de una cadena que el MAS espera que sea muy larga y consolide a la institución castrense como el brazo armado del partido en función de gobierno.
Aquí debe quedar muy claro que las FFAA pueden y deben estar en cualquier punto del territorio nacional y nadie está cuestionando esa atribución constitucional. Lo que se cuestiona es que el MAS pretenda devolver a los militares una función represiva imperante en las dictaduras y que los llevó a alejarlos de su pueblo.
Que el presidente Evo Morales diga que quienes se oponen a las presencia de las FFAA en la región o son contrabandistas o narcotraficantes, resulta un intolerable insulto para todos los chiquitanos que jamás asomaron la nariz ni por Achacachi ni por el Chapare.
Evo Morales proclama de dientes para afuera su decisión de luchar contra el contrabando pero sabe muy bien que la frontera con Chile y con el Perú está bajo el control de dirigentes de las “organizaciones sociales” afines a su gobierno, que han hecho del contrabando y del narcotráfico una fuente de enriquecimiento.
El volumen de cocaína que se incauta es cada vez más grande, pero se indica que esta es de procedencia peruana y a pesar de estar muy claro cual es la ruta de ingreso, a Evo jamás se le ocurriría ordenar en esa zona fronteriza un despliegue como el que ha dispuesto en Santa Cruz y naturalmente no enviará tropas a esta región porque eso significaría interferir en los negocios de quienes le brindan respaldo.
Se cuida también de hacer que la presencia de un reducido grupo militar en el Chapare sea simplemente simbólico, de manera que los cultivos de coca sigan creciendo a la par que la fabricación de cocaína. Este aspecto también está sujeto al “control social” de los cocaleros, un mecanismo muy sui generis que en los hechos implica que el gato cuide al ratón.
Si se toma en cuenta estos elementos, se podrá concluir que el objetivo de la presencia de las FFAA, ahora en San Ignacio, luego será en todo el oriente y el sur, no es el del discurso oficial. Las reales intenciones se harán patentes cuando en estas regiones se empiece a reprimir a todo lo que el autoritarismo masista interprete como oposición y cuando en los recintos electorales estén ubicados soldados para controlar el voto de los ciudadanos.