Mientras en tres países: Colombia, Argentina y Reino Unido se han desatado escándalos derivados de las escuchas telefónicas, en Bolivia, la Asamblea Legislativa Plurinacional acaba de aprobar la Ley de Telecomunicaciones, que contempla "en caso de peligro del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres" la obligatoriedad que tienen las compañías de comunicación de facilitar al Estado, mediante orden judicial y con motivo fundado, los canales para que se intervengan las conversaciones privadas.
El tema ha levantado polémica porque atenta contra los derechos humanos, definidos estos como Derechos Humanos que pueden como aquellos derechos que se atribuyen a las personas, que suponen una serie de barreras y de exigencias frente al poder del Estado en cuanto a ámbitos de exclusión o autonomía respecto del poder del mismo.
Y dentro de esos derechos, tenemos el derecho a la intimidad, que a su vez comprende los derechos a la inviolabilidad de la correspondencia, intimidad frente a las escuchas telefónicas, intimidad frente a la informática e inviolabilidad del domicilio.
Por eso es que en algunos países, los ciudadanos cuando legislan sobre ese tema no permiten ni siquiera ser registrados con una Cédula de Identidad, por temor a la invasión a su vida privada.
Porque la tentación está ahí, a la vuelta de la esquina, cuando estos instrumentos caen en manos no apropiadas basta recordar que un escándalo de escuchas ilegales provocó la renuncia de un presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, en 1974, en el caso Watergate.
En el Reino Unido, un periodista y un detective que trabajaban para el periódico sensacionalista británico News of the World fueron a parar a la cárcel en 2007 por interceptar ilegalmente mensajes telefónicos de un miembro de la realeza y poco después se estableció que esa era una práctica común que hizo tambalear al dueño del medio, el australiano-estadounidense Rupert Murdoch.
En Argentina, el actual jefe de gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, está siendo enjuiciado por presuntas escuchas ilegales.
Y en Colombia, el escándalo se destapó luego que un funcionario del servicio secreto reveló que escuchaba conversaciones telefónica "para mantener informada a la Presidencia" de Álvaro Uribe.
En Bolivia los opositores lanzan el grito al cielo y dicen que ya eran escuchados por la inteligencia cubana y venezolana que opera en nuestras narices, pero que ahora todo será legal. Y ya están pensando volver a las señales de humo...
El autor es periodista y abogado
El autor es periodista y abogado
