"Los insultos del Vicepresidente los recibimos como una opinión valida pero completamente alejada de la verdad porque en ningún momento ni se engañó a las personas y menos se tuvo una conducta que pudiera ser reprochable o que pudiera ingresar en el terreno de la informalidad para lograr la iniciativa ciudadana", afirmó el fiscal General de la ALPL, Antonio Vargas.
A su juicio, esa iniciativa legislativa ciudadana fue "transparente y pública", por lo tanto, "absolutamente valida, legal y legitima", para que sea considerada en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Vargas aseguró que la devolución de ocho libros con más de 32.000 firmas, y no con 800 mil como informaron medios locales, es un "intento" del Gobierno para "enmascarar" la falta de capacidad para dar solución a las demandas de la población.
"Los gobernantes han amenazado con destruir los libros, archivarlos y ahora con devolverlos como si no sirvieran. Eso llama la atención y consideramos que no debía ser de esa manera", manifestó.
Reconoció que la ALPL no entregó todas las firmas recolectadas y aseguró que en sus instalaciones hay entre 40 a 50 libros.
"Vamos a considerar la posibilidad de llevar todos los libros al Vicepresidente o dejarlos en custodia", dijo, sin precisar la cantidad de firmas.
Respecto a la falta de una Ley de Iniciativa Ciudadana calificó de "negligentes" a los asambleístas por no elaborar un proyecto.
"No podemos pensar que el ejercicio de un derecho se tenga que suspender por la falta de responsabilidad de los asambleístas que a la fecha deberían tener absoluto conocimiento y además debería estar reglamentada la iniciativa", denunció. ( Fotos y texto de ABI publicados por www.eju.tv)
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