Juan León
Menudencias
De chantajes, corruptos y quintacolumnistas
Las reiteradas amenazas presidenciales, de no trabajar con las autoridades regionales elegidas en las elecciones de marzo, que no sean del partido de gobierno, no cabe duda son una medida de coacción y chantaje inadmisible, pocas veces vista en la historia. Se ha ofrecido siempre: nosotros vamos a gobernar para el pueblo. Se ha dicho siempre, cuando se ha ganado una elección, ahora soy el presidente de todos. Y en estos tiempos de cambio, se dice con claridad meridiana, nosotros vamos a gobernar sólo con los nuestros, como si los otros fueran de país ajeno. Ajenos a que la plata con la que gobiernan es de todos, porque es fruto del aporte y el esfuerzo de todos. Son los impuestos que por angas o mangas pagamos al Estado, aunque haya grupos privilegiados que no lo hacen. Significa eso que los otros disfrutarán solos de nuestro aporte también. ¿Y nosotros, qué?
Pero más que un vil chantaje, que puede interpretarse como expresión de desesperación electoral, constituye un delito, porque es la confiscación de bienes ajenos. La malversación de fondos que por derecho pertenecen a los gobiernos regionales. Eso es también un delito. Hay otro aspecto que es, sin embargo, más grave porque está sentando un precedente nefasto. El uso abusivo del poder económico para doblegar la voluntad política de la gente. Esa es, en el fondo, la interpretación concreta y cabal del concepto de imperialismo y coloniaje que tanto critica el gobierno actual. El imperialismo norteamericano utilizó siempre su poder económico para aplastar a los pueblos pobres. El colonialismo los avasalló también por ese camino. ¿Recuerdan, ustedes, la declaración del exembajador norteamericano Ramón Rocha que catapultó la candidatura de Evo Morales?
Desde ese punto de vista, es políticamente una estupidez monumental en un país como el nuestro, polarizado, excluir de la gestión pública a la mitad de la población, es dejarla sin alternativa, es obligarla a buscar su propio camino y es ignorar su voluntad de autonomías regionales, claramente expresada en un referendo.
Hay otro factor ético y moral igualmente grave, abre las puertas al legitimar la corrupción estatal. Eso explica, por ejemplo, la corrupción en el manejo de los dineros públicos. Quienes detentan algún tipo de autoridad, por mínima que sea, se creen con el derecho de disponer de vidas y haciendas ajenas. Eso pasa y pasó, por ejemplo, con el manejo del Fondo Indígena. La plata se distribuye, aparentemente, sin oficio ni beneficio entre los acólitos del partido gobernante y se deja afuera a aquellos proyectos o regiones que si bien tienen interés o son útiles a toda una comunidad, no son de beneficio directo para los poderosos políticos de coyuntura. La plata de todos se utiliza para cosechar votos a favor. Eso es cohecho puro y simple. Actuar así motiva también la tentación de actuar en consecuencia para beneficiar a grupos políticos afines, mediante la creación de recursos financieros, a título noble, para que sean después manejados a gusto y sabor con la esperanza de alentarlos a votar en beneficio propio.
El otro ejemplo dramático que es consecuencia de esa mentalidad totalitaria, imperialista y colonizadora ocurre con la corrupción en la policía. Nunca antes en la historia de Bolivia tantos policías de tan alta investidura aparecieron involucrados en el narcotráfico y en negociados de toda naturaleza. El último caso, recién descubierto, es patético. El principal involucrado, un excomandante de la policía, dice, muy suelto de cuerpo, que de todas sus acciones estaban informados sus más directos jefes. ¿Hasta qué nivel? Con ese ejemplo parece, pues, normal que desde el policía de la esquina o el guardia de tránsito se sientan con el derecho de reclamar la coima al ciudadano de a pie, con cuyos impuestos, además, se gana el sueldo. Para eso son autoridad.
A estas alturas, cualquier trámite administrativo, por elemental que sea, requiere pues el favor, la buena voluntad, de la “autoridad” competente. ¿Alguien puede decir en el país que no se vio obligado a pagar para acelerar algún trámite por justo que sea su derecho?
Pero a todo eso se suma ahora con cada vez más fuerza el afán de penetrar y quebrar las instituciones que no son serviles, es la presencia de los quintacolumnistas que cual hormigas trabajan dentro de las organizaciones que se pretende cooptar desde el poder central a como dé lugar. Se trata de esos personajes que, a guisa de importantes, influyentes o de buena voluntad, conspiran internamente dentro de una organización, una institución o una asociación independiente contra su estabilidad o seguridad. Es un boycot interior que opera al servicio de los designios de fuera.
Los quintacolumnistas aparecieron durante la Guerra civil española el año 1936 y fueron fundamentales para la instauración del régimen fascista del Generalísimo Francisco Franco. ¿Será que pretendemos seguir ese camino?
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