El control del 67 por ciento de las licencias de operación de radio y televisión por parte del Gobierno y sectores afines, las escuchas telefónicas y el reconocimiento del uso de la red externa de las empresas de telefonía móvil en desmedro de las cooperativas que prestan el servicio de telefonía fija, han puesto en alerta a medios de comunicación y las cooperativas telefónicas; además, causó el rechazo de legisladores de la oposición.
Esas disposiciones están incluidas en la Ley de Telecomunicaciones, que fue sancionada por la Cámara de Senadores la noche del jueves. Su promulgación podría darse en cuestión de horas.
La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) considera la ley como un nuevo atentado contra la libertad de prensa y expresión.
Asimismo, denuncia que viola la Constitución y el espíritu de la Convención Americana de los DDHH y la Carta Democrática de la OEA, en cuanto al derecho a la privacidad, la intimidad y la libre expresión, al permitir las escuchas telefónicas, así sea en casos de peligro del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres.
El presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Marco Dipp, expresó su preocupación de que esta ley restrinja el espacio de los medios privados, “que es donde realmente se puede ejercer la profesión en forma independiente” y que el estado tome el control de la mayoría del espectro.
Según el senador de Convergencia Nacional Bernard Gutiérrez, la normativa deja abierta la interpretación de esos “casos extremos” para suspender el secreto de las comunicaciones privadas, a la discrecionalidad de las autoridades de Gobierno, porque no se exige ni orden judicial.
Los legisladores oficialistas rechazaron esas denuncias, porque la ley no habla de las escuchas telefónica. Aseguraron que la nueva norma se enmarca en la Constitución.
La Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora) anunció que de las 680 radioemisoras registradas en el país, tendrán que cerrarse unas 400 para ajustarse a los nuevos porcentajes de distribución de licencias.
El sector privado y comercial que domina el espectro electromagnético con más del 90 por ciento de las licencias de funcionamiento, con la nueva ley, reducirá su participación al 33 por ciento. Mientras que el control de los otros dos tercios de los medios audiovisuales estará en manos del Gobierno, sectores indígenas y movimientos sociales.
La Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de Bolivia (Fedecotel) asegura que la nueva ley es una “sentencia de muerte” para las cooperativas telefónicas, porque les limitará en la recaudación de recursos económicos, pues las llamadas que los usuarios de las cooperativas realicen desde un teléfono fijo a un celular serán recursos que beneficiarán a las empresas de telefonía móvil.
Las cooperativas telefónicas preparán un recurso de inconstitucionalidad, para presentarlo ni bien sea promulgada la ley.
La nueva normativa también ha sido criticada porque establece que los canales de televisión y las emisoras de radio deberán trasmitir gratuitamente cada año dos discursos del presidente Evo Morales. Si el mandatario promulga la norma antes del próximo 6 de agosto, aniversario de la fundación del país, los medios deberán transmitir en cadena su mensaje a la nación.
Las autoridades de Gobierno y legisladores del oficialismo rechazaron todos esos cuestionamientos y críticas; el ministro de Comunicación, Iván Canelas, dijo que es una ley que "profundiza la democracia al permitir el acceso al manejo de medios a indígenas y organizaciones sociales".
El presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez (MAS), aseguró que no hay ninguna vulneración a la Constitución. “Está en el resguardo de los derechos, y el resto entiendo que ha sido más una distorsión (de la oposición) para abanderar alguna observación que no tiene sentido mucho menos fundamentación”, afirmó Martínez.
La Ley de Telecomunicaciones fue sancionada el jueves pasado por la Cámara de Senadores. En el debate se descartaron todas las propuestas de cambios al proyecto aprobado en Diputados la semana pasada.
Acusa a radios
El presidente Evo Morales acusó ayer a "algunas radios" de oponerse a su gestión de Gobierno, con el propósito de perjudicarlo a él y al vicepresidente Álvaro García Linera, "pero lo que provocan es perjudicar al pueblo boliviano", sostuvo.
"¿Saben por qué se oponen? Ellos piensan que oponiéndose hay que perjudicar al Evo, hay que perjudicar al Álvaro, hay que desgastar al Evo. Esa es su primera tarea”, afirmó ayer Morales sin mencionar nombres de radios, durante un acto en Laja, en La Paz.
400 radioemisoras en riesgo
El presidente de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora), Raúl Novillo, dijo ayer que con la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación aprobada el jueves, cerca de 400 radioemisoras están conminadas a desaparecer, así como generar el desempleo de más de 1.000 personas entre periodistas, técnicos y administrativos.
Novillo, que lamentó la aprobación de la ley sin tomar en cuenta las observaciones de Asbora, como se había comprometido el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marcelo Elio, y otras autoridades gubernamentales, dijo estar “alarmado” por las decisiones que toma la Asamblea legislativa Plurinacional ignorando las propuestas de los sectores involucrados.
Indicó que en las próximas horas se reunirá con su equipo jurídico para analizar artículo por artículo para después agotar todas las instancias legales en Bolivia. “Si no vemos resultados pues acudiremos a los internacionales pero lamentablemente ya lo hemos experimentado con la Ley Contra el Racismo”, aseveró.
El asesor legal de Asbora, Mario Andrade, explicó que esa distribución en la Frecuencia Modulada (FM) generará que por lo menos unas 400 radioemisoras que son comerciales se vean imposibilitadas de acceder a operar, porque este sector será utilizado por las radioemisoras estatales, como las comunitarias y las indígenas campesinas.
VERSIÓN FALSA
Senadores del Movimiento Al Socialismo denunciaron la circulación, vía facebook, de un falso contenido del Artículo 111 de la Ley de Telecomunicaciones.
“Las escuchas telefónicas se producirán en casos de seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna, etcétera...”, esa no es la versión de la Ley aprobada, dijo la senadora Gabriela Montaño, al anunciar que será en otra ley que se tratará el tema.
El texto correcto dice: “En casos de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres, los operadores y proveedores de telecomunicaciones (...) estarán obligados a cooperar y poner a disposición de las autoridades públicas legítima y legalmente constituidas, de manera gratuita y oportuna, las redes y servicios, así como la emisión, transmisión y recepción de las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación que les sean requeridas”.
FECOTEL
La Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de Bolivia (Fecotel) reacomoda su estrategia y encara un nuevo plan para tratar de revertir varios artículos del proyecto de ley de telecomunicaciones que les afectan.
El gerente general de Fecotel, Jorge Gonzales, dijo que tres son los frentes por donde encarará su lucha: un recurso legal de inconstitucionalidad contra la norma, la participación activa en el proceso de reglamentación de la ley y el pedido de licencia de la cuarta frecuencia para ser operadores de telefonía móvil.
El presidente de Fecotel, Hugo Franco, comenzó ayer a realizar las consultas con los ejecutivos de las 15 cooperativas afiliadas, a fin de fijar fecha y hora para el encuentro.
ATAQUES
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció y alertó ayer en Miami (Estados Unidos) sobre el deterioro de la libertad de prensa en Latinoamérica, como consecuencia de la violencia causada por el crimen organizado y el “acoso judicial y legal” a periodistas y medios.
Tras una reunión en Miami, el Comité Ejecutivo de la SIP expresó su preocupación por las muertes no esclarecidas de varios periodistas en México.
La SIP describió de “hipócrita y nefasta” la política de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, que en los últimos años han concentrado gran cantidad de medios de comunicación, que usan como órganos de propaganda.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL DE 1999
Las comunicaciones privadas son inviolables
El Tribunal Constitucional declaró en 1999, mediante una sentencia, inconstitucional la frase "salvo disposición judicial a favor de autoridad competente...", contenida en el Art. 37 de la Ley 1632 de 5 de julio de 1995, en la que se incluyó la posibilidad de poder interceptar, interferir y desviar comunicaciones privadas con “esa excepción”.
El recurso Directo o Abstracto de Inconstitucionalidad planteado por la entonces Defensora del Pueblo Ana María Romero de Campero, en contra del Art. 37 de la Ley 1632 de 5 de julio de 1995, se lo hizo alegando la violación del derecho a la privacidad y la intimidad inherente a la persona humana. El recurso fue contestado por Jorge Quiroga Ramírez, en su condición de Presidente del Congreso Nacional.
El texto del Art. 37, contiene una permisión legal para que en virtud a una orden judicial otorgada en favor de autoridad competente, se pueda interceptar, interferir y desviar comunicaciones privadas. "Artículo 37º.- INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES.- Los servicios de telecomunicaciones son declarados de utilidad pública. Salvo disposición judicial en favor de autoridad competente, queda terminantemente prohibido interceptar, interferir, obstruir, alterar, desviar, utilizar, publicar o divulgar el contenido de las telecomunicaciones", fundamenta el fallo judicial.
Agrega que el Art. 20 de la Constitución Política (vigente hasta el pasado año) consagra la inviolabilidad de la correspondencia y los papeles privados, los cuales no podrán ser incautados sino en los casos determinados por las leyes y en virtud de orden escrita y motivada de autoridad competente. No producen efecto legal los documentos privados que fueren violados o sustraídos.
“Ni la autoridad pública, ni persona, ni organismo alguno podrán interceptar conversaciones y comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice”.
En consecuencia, ratifica que “se preservan los derechos a la intimidad de todas las personas evitando actos arbitrarios que violen la privacidad y la reserva, independientemente de que su revelación puede o no acarrearle perjuicios, sin ninguna excepción...”.
