La Asamblea Legislativa, controlada por el presidente Evo Morales, ha aprobado una nueva ley de telecomunicaciones que deja en manos del Estado, los indígenas y los movimientos sociales, el control de dos tercios de los medios audiovisuales del país.Contenido relacionado
El sector privado y comercial dominaba el espectro electromagnético con más del 90 por ciento de las licencias de funcionamiento, pero con la nueva ley, reducirá su participación al 33 por ciento.
El estado tendrá 33 por ciento de las frecuencias, los pueblos indígenas accederán al 17 por ciento y los movimientos sociales o sindicatos el otro 17 por ciento.
Los opositores y las radioemisoras privadas creen que el gobierno de Evo Morales terminará controlando el 67 por ciento de las frecuencias porque, sostienen, los indígenas y los sindicatos son afines al Gobierno. Además, aseguran que, como carecen de recursos, sólo podrán montar medios de comunicación con dinero y control estatal.
Los críticos de la norma acusan al gobierno de Morales de pretender crear un monopolio comunicacional, no sólo en las frecuencias, sino también en los contenidos.
Por el contrario, los promotores de la ley aseguran que se democratizará la comunicación en Bolivia y se ordenarán las frecuencias.
Cerrarán centenares de radios
Algunos aseguran que la ley condena a la desaparición a decenas de radios privadas
El presidente de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora), Raúl Novillo, en entrevista con BBC Mundo, se declaró "sumamente preocupado y en estado de emergencia" porque, de las 680 radioemisoras registradas en Bolivia, tendrían que cerrar unas 400 para ajustarse a los nuevos porcentajes de distribución de licencias.
Pero ese cierre no será inmediato, según explicó a BBC Mundo el senador David Sánchez, impulsor de la norma, quien dijo que una gran cantidad de licencias vencen el 2017 y sólo entonces se aplicará el nuevo porcentaje.
Una polémica adicional
La ley aprobada generó otra polémica porque abre la posibilidad de violar las comunicaciones privadas en casos extremos.
"Cuando esté en riesgo la seguridad del estado, se podrá poner en suspenso este derecho, esta garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones", explica el senador opositor Bernard Gutiérrez.
Según el presidente del Senado, René Martínez, eso sucederá "sólo en casos extremos", mientras que la ley habla de "casos de emergencia y seguridad del estado".
Además la ley obligará a los medios a ponerse en cadena nacional para difundir mensajes presidenciales.
El oficialista David Sánchez explica que "la idea es darle al sector rural y a todo el país una distribución más equitativa de las frecuencias".
Dice que el hecho de que el estado controle un tercio de las frecuencias, no significa que todas esas radios y canales de televisión respondan al partido de gobierno.
Argumenta que podrán acceder a estas licencias los municipios y las gobernaciones, que también son parte de un estado plurinacional y autonómico.
Desde que asumió el poder, el gobierno de Morales ha aumentado sustancialmente su participación en el mercado de la comunicación. Edita el diario Cambio, abrió más de 30 radioemisoras comunitarias con financiamiento venezolano, fortaleció la red de radio Patria Nueva y el canal estatal Bolivia TV.
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