La multitud de deficiencias en el expediente del “juicio del siglo” llevó este martes a los abogados de la defensa a reclamar la disolución de todo el caso y consiguientemente la libertad de los detenidos y anulación de los cargos por delitos supuestos de terrorismo, alzamiento armado, magnicidio y separatismo. Todavía estaba pendiente la respuesta del fiscal Marcelo Soza, contra quien, desde la apertura del caso en Santa Cruz ayer, se dirigen las sindicaciones y protestas de la defensa por la aparente falta de seriedad que han conferido al expediente la ausencia de páginas, correcciones indebidas y inexplicadas de frases, palabras, enumeración de folios ausencia de legajos.
La abogada del ex líder cívico beniano Alberto Melgar volvió a preguntar a los jueces y jurados “dónde están las garantías de seguridad jurídica” en el caso que se arrastra por casi cuatro años. La abogada Verónica Suárez repitió una letanía de errores en el expediente similar a la que había expuesto en la víspera y que dejaron la sensación de que todo el juicio se aproximaba a un precipicio. No parecía haber más sorpresas en cuanto a fallas en el expediente, pues se creía que todas habían sido enumeradas, inclusive la utilización de hojas arrugadas y envejecidas de papel de fax. Pero la abogada anotó una más: Un salto mayúsculo de numeración de folios que de 12.000 pasó a 132.000. La diferencia, dijo, representaría unos 160 cuerpos procesales. Reclamó por la falta de seriedad en el proceso y subrayó que las que estaban en el banquillo eran personas sobre las que podrían recaer condenas de 15 a 20 años. ¿“Podemos continuar con esta clase de expediente?“, preguntó.
Después listó las dilaciones de ninguna de las cuales su defendido podía ser responsabilizado y que habían contribuido a que el proceso se extendiese mucho más allá de los límites fijados por ley: 36 meses para llegar a la etapa de sentencia. Ese número había doblado el límite anterior de 18 meses, impuesto cuando el proceso ya estaba en curso.
El abogado Gianni Prado, encargado de la defensa de Mario Tádic Astorga impugnó la tipificación de “terrorismo” presentado desde los inicios del proceso por la acusación y la ridiculizó subrayando que constituía “una burla” para los países que realmente han sufrido o sufren ese fenómeno de violencia.
Los dos abogados advirtieron en sus presentaciones que las omisiones e irregularidades denunciadas a lo largo del proceso encontrarían eco en algún tribunal superior que percibiria que “todo el caso fue fabricado”.
En la mañana, los defensores habían sorteado con éxito una iniciativa de la acusación para llevar todo el juicio al penal de Palmasola.
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