La medición de fuerzas entre autoridades de Gobierno y propietarios de vehículos indocumentados (chutos) se mantiene sin solución a la vista. Mientras las primeras insisten en que no habrá una nueva “amnistía” para legalizar esos vehículos, los segundos continúan organizándose y han pedido negociar directamente con el Primer Mandatario, abocado como está a su campaña por la “re reelección” presidencial.
Hay muchos indicios en sentido de que se trata de un juego de fuerzas que puede mantenerse indefinidamente con perjuicio no sólo de los sectores enfrentados sino de todos. Es que será difícil, dadas las circunstancias actuales, que se adopten decisiones drásticas para incautar, como corresponde, esos vehículos; por el otro lado, será poco menos que imposible que se logre controlar el ingreso de estos vehículos en forma ilegal.
Así, se forma un círculo vicioso que es difícil de romper y que, como en todo negocio ilegal, genera otras actividades comerciales.
Hay abogados que han hecho de la promesa de legalizar estos vehículos una forma de vida; la corrupción se introduce en las instituciones encargadas de controlar este ilegal negocio (recuérdese las “vacunas” que algunos efectivos de la Policía otorgan a los propietarios de estos vehículos para circular especialmente en el área rural y regiones alejadas de las capitales); están los que se vuelcan a cruzar las fronteras con mercadería ilegal porque no arriesgan mucho y la impunidad reina.
En fin, se ha creado una actividad muy rentable alrededor de los chutos que exige que se adopten decisiones imaginativas que permitan solucionar el problema y mantenerlo en forma indefinida.
No hay comentarios:
Publicar un comentario