El periodista boliviano, Wilson García Mérida, informó este domingo que optó por buscar refugio junto a la gerenta del “Sol de Pando”, Silvia Antelo, ante el acoso judicial que sufren del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y el gobernador de Pando, Luis Adolfo Flores.
“Estamos en la vecina ciudad brasileña de Brasilea porque en Cobija no hay garantías constitucionales para nosotros, y pedimos que la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, responda a una carta enviada y haga algo a favor de los periodistas bolivianos”, reportó Wilson García por correo electrónico.
Wilson García Mérida y Silvia Antelo Aguilar denunciaron el sábado sufrir acoso del gobernador Luis Adolfo Flores y del ministro Juan Ramón Quintana, y solicitaron garantías constitucionales.
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| García Mérida activo periodista que denuncia a Evo y Ramón |
Una carta pública fue enviada el viernes a la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, denunciando que funcionarios de la Fiscalía de Pando tenían orden para detener a ambos funcionarios del semanario “Sol de Pando”.
“En caso de sufrir ese atropello que conculca nuestro derecho al trabajo y nuestra labor informativa, responsabilizaremos de este insólito hecho al Gobierno del presidente Evo Morales, y concretamente al Ministro de la Presidencia y al Gobernador de Pando, pues poseemos sobradas pruebas y evidencias de que ambos funcionarios son los principales causantes y promotores de los atentados que venimos sufirendo, como periodistas y como medio de comunicación, de manera recurrente”, señala carta pública.
García y Antelo señalaron que viajaron por tres días a la ciudad de Cobija para la distribución de la edición especial de “Sol de Pando” sobre los 110 años de la “Batalla de Bahía”, evento que se celebra cada 11 de Octubre en el departamento de Pando.
“En caso de ser aprehendidos por motivos que no pueden ser otros que los que emergen de nuestra estricta labor periodística (y de ninguna manera por vulgares problemas personales o familiares) no solo se habrá cometido un gravísimo atentado contra la libertad de prensa y contra nuestro derecho laboral conculcado en pleno ejercicio de nuestra tarea informativa, sino también se nos habrá causado un irreparable daño económico que repercutirá injustamente en nuestros hogares que dependen de nuestro trabajo”, destaca la denuncia escrita remitida a la ministra Amanda Dávila.
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