Una característica común de los Gobiernos de los países alineados con el difuso concepto del socialismo del siglo XXI es el control total de medios de comunicación, sea mediante su compra a través de testaferros; la presión tributaria; el acoso judicial y un largo etcétera en el que se debe incluir el proyecto de ley de seguro obligatorio para todos los periodistas prohijado por el Ministerio de Comunicaciones.
En varias oportunidades nos hemos referido a esta iniciativa que no busca tanto ofrecer a los trabajadores de la prensa un beneficio social, cuanto exaccionar a las empresas periodísticas para conformar un fondo a ser manejado por el Estado, a través de un directorio en el que éste tiene mayoría.
El origen de esta iniciativa es el asalto y asesinato de dos colegas periodistas, en una acción de orden delincuencial. Producido este crimen, surgió la idea de que los periodistas gocen de un seguro de vida para enfrentar estas tragedias. Desde un principio, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) expresó su acuerdo con la contratación de un seguro para sus trabajadores y muchas empresas ya procedieron a hacerlo. Lo que se rechaza es, precisamente, que distorsionando el objetivo fundamental y aprovechándose de él, se pretenda crear un fondo con el aporte del uno por ciento de los ingresos brutos de las empresas periodísticas para la contratación de un seguro para los trabajadores de la prensa, y que sea un directorio dominado por los representantes estatales el que lo administre.
Además, hay demasiados antecedentes para temer que el manejo de un fondo de esta naturaleza, en el que los representantes del Órgano Ejecutivo tendrán la capacidad de aprobar la decisión final, puede convertirse en un espacio de corrupción. Se debe tomar en cuenta que en la propuesta de ley se establece que si “sobran remanentes” luego de la contratación del seguro, estos serán destinados a otros fines mediante decreto supremo. Y es tal interés en que la propuesta se apruebe, que poco interesa a sus proyectistas que su puesta en vigencia pueda ocasionar el cierre de muchos medios pequeños, con el consiguiente incremento de desempleo, o la suspensión de varios beneficios que de motu propio las empresas han otorgado a sus trabajadores.
También es preciso señalar que con esta propuesta el propio Estado reconoce su incapacidad de cumplir como corresponde sus atribuciones, pues hay un reconocimiento tácito del mal estado de muchos de los entes gestores de la seguridad y un anticipo de la forma en que podría funcionar la estatal administradora de pensiones, que tiene, entre sus obligaciones, la de garantizar el pago de una pensión digna a jubilados o quienes tengan impedimento por invalidez o muerte.
Por tanto, un proyecto de ley como el que se comenta, que en cualquier Estado con seguridad jurídica sería archivado por irracional, parece que terminará siendo aprobado porque el propósito final es, no más, avanzar hacia el control total de los medios de comunicación.
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