La secuela de emergencias ocasionada por las lluvias ha eclipsado un conjunto de noticias que, luego de 32 años de desarrollo democrático, debieran motivar airadas reacciones ciudadanas. Me refiero al progresivo retroceso en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública reconocido por el ordenamiento constitucional. Tres hechos dan cuenta de que la información nos llega incompleta, deformada y con cuenta gotas.
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| Erika Brockmann en foto de archivo, tercera de la derecha con simpáticos amigos |
Bolivia conoció la primera propuesta de ley para comenzar su lento tratamiento. Hoy en Bolivia se sigue postergando una norma que nunca debió generar tanta controversia. El tercer dato es la cereza de la torta. Que en un año un total de 499 peticiones de informe del Legislativo no hayan tenido respuesta, expresa el ninguneo de la función fiscalizadora de nuestra Asamblea Legislativa. La imposibilidad de fiscalizar la administración de ministerios y empresas estatales es una señal de retroceso.
Lo preocupante es que este déficit de transparencia no le quite el sueño a la gente y que más que la falta de leyes el problema radique en la actitud del poder frente a este derecho. Esa indiferencia ocurre luego de ocho años de bonanza a la cabeza de un Gobierno experto en ilusionismo publicitario. Pocos se percatan de que propaganda e información no son lo mismo. Se nos acostumbró a la información maquillada y manipuladora. Esta confusión no es casual. Es el resultado de una rutina publicitaria y de espejismos que terminan mareando al mismo Gobierno y a la sociedad
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