Los indígenas que torturaron y lincharon hace 13 días a cuatro policías entregaron finalmente hoy los cadáveres a los familiares, a cambio de que estos firmaran un compromiso de que ni ellos ni sus descendientes presentarán demandas penales contra los asesinos.
Los cuerpos fueron entregados a las 03.00 de la madrugada (07.00 GMT) en el pueblo de Uncía, a 341 kilómetros al sur La Paz, donde ocurrió la matanza y a donde los familiares y sus abogados, según medios locales, tuvieron que llegar con "bandera blanca" y algunos disfrazados.
El abogado Jhonny Castelú, representante de los familiares, declaró a los medios que tras recoger los cadáveres, prácticamente tuvieron que "escapar" en una vagoneta del lugar, porque se sentían "temerosos y presionados por la forma" en que se hizo la entrega.
Los familiares decidieron que la entrega fuera reservada y la policía del departamento de Potosí decidió no intervenir "para no perjudicar las negociaciones" y solo los escoltó cuando ya estaban en el vecino departamento de Oruro, dijo un jefe policial.
Los agentes linchados, que pertenecían a la Dirección de Prevención del Robo de Vehículos (Diprove), fueron asesinados el 23 de mayo por los "ayllus guerreros" (clanes indígenas) potosinos, que los culparon de haber matado a seis indígenas en los últimos años y de realizar robos y extorsiones.
Los cadáveres estuvieron enterrados boca abajo en diferentes pueblos del lugar por la creencia de los indígenas de que de esa forma evitan que el alma de los linchados persiga a los asesinos.
Castelú confirmó que las esposas, madres, hijos, hermanas y hermanos, e incluso familiares en cuarto grado, han firmado el documento de renuncia a una acción penal contra los homicidas, a cambio de que los cadáveres fueran devueltos.
Desde el día del crimen, el presidente Morales ha sido objeto de críticas de la oposición y la prensa por su incapacidad para imponer la ley en esa región, donde los ayllus retuvieron los cadáveres, no dejan entrar a las autoridades, echaron a los policías acantonados allí y rechazan una investigación.
Pese a sus ruegos, los ministros de Gobierno, Sacha Llorenti, y de la Presidencia, Óscar Coca, y el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, no habían logrado que los indígenas aceptasen devolver los cuerpos.
El diputado oficialista indígena Luis Gallego, representante de los ayllus, dijo que se reunió ayer con Morales y que éste le pidió cumplir con la demanda de las familias.
Uncía está en una región cercana a la frontera con Chile, donde hay contrabando de vehículos, y en los últimos días los indígenas pidieron despenalizar ese tipo de delitos para llegar a un acuerdo con el Gobierno.
El comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, coronel Félix Molina, ratificó hoy que la policía cree que el crimen fue la venganza de un dirigente indígena de esa zona detenido una semana antes del linchamiento, acusado de tener dos laboratorios de droga.
"Producto de esta aprehensión, este dirigente campesino habría manifestado que iba a lograr alguna venganza con cualquier policía que ingresara a su comunidad", dijo Molina.
El fiscal de Potosí, Sandro Fuertes, declaró a los medios locales que un informe médico preliminar estableció que los agentes murieron por golpes en la cabeza, pero que aún deben realizarse más exámenes forenses.
Fuertes señaló que, pese al compromiso de los familiares para no hacer demandas contra los indígenas, la Fiscalía realizará las investigaciones.
También indagará otra denuncia de parte de los "ayllus" sobre varios crímenes contra indígenas cometidos en los últimos años y nunca aclarados, de los que los indígenas culpan a policías.
Diputados de la oposición como Adriana Gil insistieron en criticar que Morales no mandó a policías o militares a imponer la ley en la zona porque son grupos indígenas afines a su Gobierno, a diferencia de la represión que aplica cuando hay conflictos que afectan a regiones dominadas por opositores.
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