Bajo el argumento de que cualquier documento firmado bajo presión es nulo de pleno derecho, los familiares de los cuatro policías linchados en Uncía decidieron enjuiciar a los comunarios de los cuatro ayllus señalados por la investigación por los delitos de asesinato, asociación delictuosa, encubrimiento y complicidad, penados con 30 años de presidio.
Para devolver los cadáveres de los fallecidos, los comunarios exigieron a los parientes de Nelson Alcócer, Rubén Cruz, Emilio Alave y Miguel Ramos un compromiso escrito de no iniciar acciones penales en su contra y otro de desistimiento de demanda, a los que se adjuntaron fotocopias de cédulas de identidad, en las que figuran sus direcciones, además de sus números telefónicos y de otras personas útiles para establecer un posterior contacto.
El abogado de los deudos, Johnny Castelú, explicó ayer que a fin de evitar que por razones políticas se pretenda restar validez al informe de la Fiscalía de Oruro, se analiza la posibilidad de recurrir a instancias internacionales.
Fuentes de la Fiscalía orureña ratificaron ayer a La Prensa que Cruz, Alave y Ramos murieron entre 10 y 12 días antes de la autopsia a la que fueron sometidos, vale decir entre el domingo 23 y el martes 25 de mayo, pero Alcócer perdió la vida entre tres y cinco días antes de ese procedimiento legal, o sea entre el lunes 31 de mayo y el martes 2 de junio, cuando los ministros de Gobierno, Sacha Llorenti, y de la Presidencia, Óscar Coca, estuvieron en la zona del conflicto.
La versión fue confirmada ayer por Mónica Corrales viuda de Alcócer, quien declaró a la red Erbol que “el día que rescatamos los cuerpos y los llevamos juntos a la morgue del cementerio de Oruro, se sentía un olor fuerte, pero una vez que me entregaron el cadáver de mi esposo y tras su velorio en la Policía, por la noche, me lo llevé a mi casa, porque quería que retorne a su hogar, entonces ahí abrí el cajón y pude constatar personalmente que no tenía ningún grado de putrefacción,porque me acerqué, lo besé y no tenía olor”.
Sin embargo, aún se esperan los resultados de las pericias a las que fueron sometidos, en el laboratorio del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de La Paz, trozos del hígado, el corazón y el cerebro de los fallecidos para determinar con mayor precisión la data de la muerte.
Entretanto, los resultados del examen forense practicado el viernes en Oruro por la médico Vilma Gabriel no concluyeron aún, por lo que no fueron remitidos a la Fiscalía de Potosí.
Empero, ayer, el viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, insistió en que los cuatro efectivos murieron el 25 de mayo a las 17.15, fecha en la que él mismo confirmó que los cuatro uniformados habían sido tomados como rehenes y que se había iniciado un proceso de diálogo para rescatarlos.
Mientras tanto, el responsable del Ministerio Público potosino, abogado Sandro Fuertes, sostuvo que aún no recibió de Oruro los actuados en ese caso, aunque explicó que al haberse producido los hechos en su jurisdicción, no correspondía que en Oruro se practiquen exámenes científicos.
“De acuerdo con los datos que nos proporcionó el médico forense en el momento del levantamiento de los cuerpos en Uncía, es decir el pasado viernes, la data y causa probable de la muerte de los cuatro efectivos es similar, pero este aspecto hubiera sido totalmente corroborado o descartado con un actuado investigativo pericial debidamente elaborado, sin referir resultados de laboratorio, respetando los protocolos procesales, que lamentablemente no se ha hecho en la ciudad de Oruro”.
Por ello, anunció que se efectuará una necropsia a los cuerpos para determinar causas y datas de decesos.
Empero, si ese examen fuera desvirtuado, Castelú anunció que si “el informe forense se hizo en Oruro o Potosí, el resultado debe ser el mismo, a no ser que quieran modificar el resultado, y en ese caso nosotros también pediremos una pericia internacional”.
Fuertes añadió que junto a los fiscales Juan Carlos Ramírez, de la Villa Imperial, y Trifón Romero, de Llallagua, inició el pasado martes 2 gestiones para recuperar los cuerpos de los fallecidos.
“Mantuvimos conversaciones con las autoridades originarias, a quienes explicamos que si no entregaban los cuerpos, sería peor para ellos mismos, porque, en tal caso, esconderían evidencia”.
El letrado dijo que, a las 06.00 del viernes, pudo proceder al levantamiento legal de los restos de los inmolados y que correspondía a esa Fiscalía llevar adelante las investigaciones del caso.
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