Una publicación, solicitada por el Ministerio de Autonomías el pasado domingo, expresaba la extrañeza del Gobierno por los anuncios de movilización de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) en defensa de las autonomías indígenas, que se plasmará en una marcha que partirá el 20 de mayo desde Riberalta hacia La Paz.
La propaganda indicaba que esta situación se da a pesar de que se habían recogido e incorporado en el proyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) las expectativas y demandas de la CIDOB.
Mal caerá este nuevo conflicto, en el que parece es el inicio del desencanto de la ciudadanía con su Gobierno galán, ya que después de cuatro años en los que los paceños no sufríamos de marchas y bloqueos, ahora los problemas aparecen por varios flancos.
Y digo “galán”, pues al puro estilo de un Don Juan, el Gobierno encantó durante varios años a los bolivianos con consignas que hasta ahora no han elevado notablemente la calidad de vida de sus habitantes, al menos no existen cifras que digan lo contrario. Ojo que no discuto la estabilidad de los indicadores macroeconómicos —neoliberales— de los que el Ministerio de Economía se jacta de manejar bien.
Ahora, como el típico galán descubierto, el Gobierno trata de reconquistarnos en base a algunas “mentirillas”, como las que se publican en separatas de YPFB celebrando el hecho de que más de 7.000 millones de dólares ingresaron a las arcas estatales gracias a los cuatro años de nacionalización de los hidrocarburos, sabiendo que en realidad estos ingresos se dieron por la Ley 3058 de 2005 (gobierno de Carlos Mesa), cuando se crea el famoso IDH, impuesto que generó recursos inusitados para el país.
Ojalá que en el futuro la nacionalización realmente rinda sus frutos, sin embargo, hasta ahora, según los especialistas, sólo trajeron hechos de corrupción, falta de inversión para exploración, mayor importación de líquidos y dificultades en la exportación de gas.
Y no sólo eso, esta decisión estructural del Estado también afectó la inversión pública, pues para compensar la iliquidez de YPFB, en 2008 se dejó de desembolsar alrededor de 100 millones de dólares de IDH a prefecturas y alcaldías en base a un “decretazo”. Sin embargo, y a pesar de ese “apoyo obligado” a la empresa estatal, parece que las cosas no mejoraron, pues en 2009 este impuesto ya redujo sus recaudaciones en un 7% respecto de 2008 y el PGN 2010 prevé una reducción de más del 30%. Naturalmente, estas situaciones han provocado que prefectos y alcaldes —no oficialistas— estén en constantes discusiones con el Gobierno, en las que, ¡como todo un actorazo de novela!, éste siempre salió bien.
Pero lo más preocupante para este personaje, es que ahora uno de sus sectores más fieles, los indígenas, esté en apresto de lucha. Hay que ver ahora cómo sale de ésta, pues las expectativas que ha creado por estas autonomías es bastante grande y, sabemos todos, se trata de poblaciones que históricamente han sido olvidadas.
Un análisis hecho de los proyectos de la LMAD elaborados por el Ministerio de Autonomías, que se manejan en los pasillos de instituciones que estudian el tema, nos muestra que no hay nada nuevo bajo el sol y que, por ejemplo, a más de consolidar los derechos ganados, meramente principistas, no se prevén instrumentos de gestión pública o mayores recursos para que los ciudadanos de las autonomías indígenas tengan a futuro mejores oportunidades en el acceso a servicios básicos y al empleo que las que tienen ahora como habitantes de municipios. Ojalá esté equivocado y esta primera marcha no sea el inicio de una trágica separación. No obstante, no puedo negar que este galán no deja nunca de sorprenderme.
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