EN momentos en que la libertad de prensa está sufriendo duros embates en la Argentina y en algunos otros países de América latina, es ciertamente reconfortante que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, haya promulgado la llamada ley Pearl sobre libertad de prensa.
En función de ella, el Departamento de Estado norteamericano deberá de ahora en más incluir en sus informes anuales sobre respeto y vigencia de los derechos humanos en el mundo un capítulo dedicado a identificar claramente a los países en los que se viola la libertad de prensa.
Cuando esas violaciones sean graves, el Departamento de Estado deberá especificar, además, si los gobiernos respectivos participaron o no en las violaciones y si, por el contrario, hacen lo necesario para corregirlas e impedirlas, y dejan en claro cuáles son las medidas individuales que el país en cuestión podría haber tomado para garantizar tanto la seguridad de los periodistas como la independencia de los medios de comunicación masiva.
Los países en los que estos hechos sucedan deberán, además, acreditar que se han iniciado las correspondientes acciones judiciales contra los responsables de los atentados contra los periodistas o la libertad de los medios de comunicación.
La oportuna norma que recuerda, a manera de póstumo homenaje, al periodista norteamericano Daniel Pearl, del Wall Street Journal, que fue secuestrado y asesinado en Paquistán en 2002, mientras investigaba la relación entre Richard Reid, el terrorista que intentó hacer estallar en un avión los explosivos que llevaba en los zapatos, y Al-Qaeda.
Al promulgarla, el jefe de Estado norteamericano dijo: "A menudo, sin este tipo de llamados de atención, hay países y gobiernos que creen que pueden operar impunemente contra la prensa. Y queremos enviarles el mensaje de que ello no es así". También agregó: "La pérdida de Daniel Pearl recuerda no sólo cuán valiosa es la libertad de prensa, sino que en el mundo hay quienes son capaces de hacer cualquier cosa para silenciar a los periodistas".
Para nuestro país y su región se trata de una norma que se muestra particularmente oportuna y debe ser bienvenida en momentos en que los medios libres y los periodistas independientes son objeto de una lamentable persecución sistemática desde lo más alto del poder, simplemente por disentir y llamar la atención, como es su deber republicano, acerca de cuestiones que tienen que ver con gruesos errores de gobierno o increíbles episodios de corrupción.
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