Es que la naturaleza humana no tiene precio, tiene dignidad. De ella emana la fuente de sus derechos. La libertad, la justicia son valores sobre los que ella descansa, y se convierten en principios que hacen al derecho como base del reconocimiento de los derechos básicos del ser humano.
Somos dignos porque somos personas que tenemos derechos y basamos nuestra conducta en el respeto a la ley, la ley reconoce nuestra calidad de dignos porque en tanto somos dignos podemos ser reconocidos como personas. Por eso el reconocimiento de los derechos no es una concesión de la ley, es el reconocimiento de todos los valores intrínsecos a la dignidad.
La libertad es un valor que hace a la dignidad de las personas. Y ella presupone que para ser tal, no tiene que existir coacción, ni física ni jurídica. La coacción jurídica es lo que estamos observando desde las esferas del gobierno. Y eso representa la vulneración del derecho a la libertad.
Desde el momento en que se ha desconocido la norma constitucional, y se ha decidido imponer nombramientos que responden al Presidente, ya nada de lo que se haga en ese Poder puede ser considerado legitimo ni legal, pues los actos de quienes tienen un origen inconstitucional son nulos.
Los derechos por tanto son parte inseparable de la dignidad de las personas. El desconocimiento de ellos importa el desconocimiento de la persona. Por eso no se pueden violar los derechos humanos, ni siquiera en nombre de la pachamama. Bolivia ha ingresado a un proceso de retroceso en el respeto a los derechos humanos de consecuencias muy graves.
Las banderas del cambio no se erigen pisoteando a la dignidad de las personas. Esa clase de cambio es contra-revolucionario. Los principios de defensa de la libertad, de la justicia y la dignidad humana, se construyen precisamente cuidando de ellos.
Inútil resulta tratar de convencer al déspota que no lo es, ni al que se cree estar por encima de los demás. Es mejor convencer a los que, como unos pocos ahora, serán objeto de las mismas persecuciones, juicios mal habidos e incautaciones de sus bienes en nombre del cambio.
La propiedad privada es el objetivo de leyes que para su ejecución necesitan de jueces corruptos, venales y cipayos dispuestos a torcer la ley para calmar al déspota. Cuando se ataca al origen del patrimonio al que todos tenemos derecho, dando lugar a la denuncia anónima como fuente de todo indicio de culpabilidad y de inmediato a la incautación de ese patrimonio sin derecho a la defensa, se está eliminando el derecho a la propiedad privada.
Parece ser el paso para dar curso a la socialización del patrimonio privado. Lo demás son distracciones. Se usa el discurso de los bienes mal habidos por políticos y funcionarios públicos, como escudo que evite que el ciudadano común entienda que su patrimonio también será luego puesto en duda. Es el socialismo que nos anunciaron y que está escrito en la Constitución Política del Estado Plurinacional.
Lo que ahora puede dar curso al desahogo social de ver perseguidos a personajes que fueron funcionarios públicos de alto y medio nivel, luego se convertirá en persecución general, usando la misma ley y declarando que es igual para todos.
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