La querella presentada por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en contra de tres medios de comunicación, una agencia de noticias y dos periódicos, por “difusión e incitación al racismo o la discriminación”, provocó la protesta de los gremios que aglutinan a los periodistas y las instituciones.
Ayer, cuatro días después de presentar la denuncia, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Javier Baldivieso, informó que la querella está dirigida contra la Agencia de Noticias Fides (ANF) y los matutinos El Diario y Página Siete, por los delitos mencionados.
“Consideramos que la distorsión que ha habido a través de la Agencia de Noticias Fides, la cual ha generado un par de titulares en dos medios de difusión nacional, Página Siete y El Diario, han provocado de alguna manera una confrontación entre los ciudadanos del oriente y el occidente”, refirió la autoridad del Gobierno.
Pero la respuesta de los gremios no se dejó esperar. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), expresó su preocupación por la demanda iniciada y recordó al Ejecutivo que el artículo 107 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que, “la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”.
En ese marco, la institución recuerda que la Ley de Imprenta está en plena vigencia, tal como lo reconoció el presidente Evo Morales en reunión con dirigentes de las organizaciones de prensa y periodistas el 15 de febrero del presente año. "En esa ocasión -agregó-, el propio presidente descartó cualquier modificación de la norma o la creación de otra destinada a regular el trabajo de los medios".
Asimismo, la ANP recordó que "de la misma manera, están en plena vigencia y funcionamiento los mecanismos encargados de velar por el cumplimiento de las normas éticas institucionales y empresariales, así como los mecanismos de autorregulación".
No solo la ANP, también la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) a través de su presidente, Antonio Vargas, se declaró “sorprendido” por este proceso y “con mucho pero mucho temor, porque se trata de un nuevo ataque para amedrentar el trabajo de los medios de comunicación e inducir a la censura y a la autocensura, muy perjudicial para la sociedad en su conjunto”.
Al igual que la ANP, el dirigente reivindicó la vigencia de la norma que regula el trabajo de los periodistas y aseguró que la intención del Gobierno, con este proceso es “evitar la Ley de Imprenta, ya que si se cometió un supuesto delito en un periódico, este debe ser tratado con esa norma y de ninguna manera como un delito de orden público”.
A su turno, la presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera y el exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín coincidieron en rechazar estas acciones.
Según la querella presentada por el jefe de la unidad de gestión jurídica del Ministerio de la Presidencia, Juan Marcelo Zurita, las publicaciones “tratan de hacer del presidente una especie de figura anticruceña, aprovechando maliciosamente su condición indígena cuando jamás se ocuparon de contextualizar el discurso, sino reprodujeron frases armadas a conveniencia”.
Entonces, señala, que hay “intencionalidad y dolo en su actuar para provocar odios raciales basados en elementos discriminatorios inventados”.
En la Fiscalía informaron que el proceso fue sorteado para que sea la fiscal Susana Rodríguez quien esté a cargo del caso, ella se desempeña como fiscal de materia de la división personas y estuvo a cargo del caso de supuesto acoso político a la gerente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas, Patricia Ballivián, por publicaciones anónimas de Internet.
Opiniones
No hay materia penalSegún los medios que fueron denunciados, no existe materia penal para llevar adelante un proceso en su contra. “Un periodista sintetiza ideas en los titulares, por razones de espacio, y eso es lo que hizo Página Siete; no hay error en ello, de ninguna manera. Este periódico no se ha equivocado al informar sobre las mencionadas declaraciones del presidente”, dijo en una misiva su director Raúl Peñaranda.
El asesor de ANF, declaró que la denuncia fue conocida de manera pública y en ese marco, existe un análisis pormenorizado de los abogados que fue recabado en una conferencia de prensa porque ellos no fueron notificados.
El presidente de El Diario, Antonio Carrasco, explicó que ellos no se pronunciarán sobre este caso, hasta no recibir una notificación oficial desde el Ministerio Público.
Rasgos dictatorialesLa dirigencia del MSM, afirmó que los rasgos fascistas del Gobierno quedan expresados en el proceso que inició contra tres medios de comunicación, que supuestamente incitaron al racismo contra el presidente Evo Morales.
“Lo dijimos con motivo de los 41 años del golpe de Estado de Banzer: este Gobierno está cada vez más próximo a las dictaduras y cada vez más alejado del Estado de derecho y de las garantías constitucionales”, recordó Juan del Granado. Para la diputada Alejandra Prado (CN), existe un afán de seguir el ejemplo de Ecuador o Venezuela, donde existe una persecución y amedrentamiento sistemático a los medios de comunicación. La legisladora dijo que la demanda no se enmarca en una figura legal, pues los mismos han reflejado una declaración taxativa y expresa del presidente Morales.
Para conocer
- La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, que atraviesa problemas de representación, dijo que la próxima semana hará conocer una posición oficial de esta demanda.
- El denunciante es el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aunque el documento está firmado por el jefe de la unidad jurídica de palacio de Gobierno.
- En el memorial presentado, los querellantes piden a los tres medios los nombres de los periodistas o responsables que realizaron las notas.
- Los asambleístas del oficialismo, prefirieron emitir opiniones conciliadoras sobre la denuncia y evitaron las cuestionantes de los comunicadores.
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