Es lamentable que varios colegas periodistas —hombres y mujeres— que alguna vez fueron parte de quienes defendían la Ley de Imprenta hoy, por motivos ideológico-políticos, cuando no crematísticos, no sólo que se han puesto en la vanguardia de quienes buscan derogarla, sino que hacen uso de medias verdades para confundir a la ciudadanía.
Es el caso del temerario juicio incoado por el Ministro de la Presidencia a la Agencia de Noticias Fides (ANF), Página Siete y El Diario, al amparo de la Ley 045, de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, para evadir lo que norma la Ley de Imprenta y, de esa manera, beneficiarse de las influencias que se tiene en el Ministerio Público y la justicia ordinaria y procesar penalmente a los responsables de la publicación motivo de queja.
Hasta ahora nadie ha negado el derecho de querellarse contra medios y periodistas si alguien considera que una nota periodística daña su honorabilidad. Lo que se reclama es que se viole el ordenamiento legal utilizando una norma como la Ley 045, actitud que, además, confirma los temores que expresamos todos los gremios del periodismo cuando se incluyó en dicha norma de carácter altruista artículos atentatorios a la libertad de expresión e información.
En fin, rechazamos que las autoridades de Gobierno —que han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes— eludan flagrantemente la Constitución y la Ley de Imprenta para “sentar precedente” en el periodismo y amedrentar a sus actores. Otras interpretaciones, que son las que irradian los periodistas militantes del proceso de cambio gubernamental para confundir a la gente, es pura mala fe.
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