Un informe del Observatorio Nacional de Medios (Onamed) señala que durante 2009 en el país se registraron 82 casos de agresiones a trabajadores de la prensa y ataques a medios de comunicación.
La cifra disminuyó en relación al anterior conteo, que indica que en 15 meses, entre octubre de 2007 —cuando se inició el seguimiento— y fines de 2008, los hechos llegaron a 257; no obstante, Onamed advierte que entre ambos períodos incrementó en un 25,6 por ciento la violencia proveniente de agresores no identificados.
La entidad dependiente de la Fundación Unir —dedicada a labores de comunicación y derechos humanos— hizo un análisis y seguimiento de los 339 casos confirmados en 26 meses y determinó que la mayoría de los responsables son adherentes al Gobierno y personas desconocidas, y que las víctimas más comunes son los periodistas de televisión y las infraestructuras de este tipo de medios.
Vania Solares, una de las funcionarias que elaboró la tabulación estadística, sostuvo que “un factor que llama la atención es que si bien en 2009 creció la violencia de parte de desconocidos, de la misma manera disminuyó el acoso mediático desde sectores afines al gobernante Movimiento al Socialismo”.
Entre 2007 y 2008, el presidente Evo Morales efectuó varias declaraciones en contra de la labor desarrollada por loss trabajadores de la prensa, lo que llevó a diferentes organizaciones sociales adeptas a su Gobierno a efectuar un constante asedio a los comunicadores.
El incidente con mayor repercusión se dio en diciembre de 2008, cuando el periodista Raphael Ramírez, por entonces empleado de este medio, fue increpado públicamente por el Mandatario en el Palacio de Gobierno a raíz de una publicación que lo ligaba con un hecho de contrabando en Pando. En los días siguientes, Ramírez recibió varias amenazas telefónicas anónimas contra él y su familia.
El evento más violento registrado en el período monitoreado por Onamed fue la balacera contra Alberto Ruth y Francisco Cuéllar, periodista y camarógrafo, respectivamente, de la Red Unitel en Santa Cruz. Ocurrió el 5 de septiembre del año pasado, y el presunto responsable es el capitán de Policía Wálter Andrade, de la disuelta Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc).
Más datos
Muy pocos casos fueron denunciados ante la justicia ordinaria, apenas 51, equivalentes al 15 por ciento de los 339. Casi la mitad, el 41 por ciento, fue presentada sólo ante a las instituciones gremiales. Según Solares, “las denuncias son escasas porque demandan un costo económico y no existe confianza en las víctimas de que el proceso llegue a buen término”.
Durante estos 26 meses, solamente dos presuntos agresores fueron enviados a la cárcel, aunque ya obtuvieron su libertad mendiante medidas sustitutivas. Uno de ellos es el policía David Leytón Alborta, quien, vestido de civil, agredió a un periodista en Santa Cruz; y el otro es Adolfo Cerrudo, que atacó a un trabajador de la prensa en La Paz y actualmente se encuentra con libertad condicional.
El secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Pablo Zenteno, manifestó que existen dos razones fundamentales para que los periodistas sean agredidos. “La primera es la polarización política que se vive en los últimos años en el país, que ha colocado a los trabajadores de la prensa en el medio de los bandos en conflicto, es decir, propensos a los ataques de unos y de otros; y la segunda causa es la falta de un respaldo sincero de los propietarios de los medios”.
En criterio del ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, Boris Quisberth, la población no percibe la diferencia que existe entre los comunicadores sociales y los dueños de los medios, que son los que deciden la línea editorial que por lo general molesta a los agresores.
“Para los trabajadores, la información es un bien social y para los empresarios es una mercancía más”, sostuvo.
Desde octubre de 2007 se registraron 339 casos de violencia
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