La negativa del Poder Ejecutivo Nacional a brindar información sobre los gastos efectuados en materia de publicidad oficial constituye una inadmisible violación al derecho constitucional de acceso a la información pública, que es la posibilidad que tenemos todas las personas de buscar, solicitar y recibir información que se encuentra en poder del Estado.
Este derecho, que encuentra fundamento en los principios que nutren el sistema democrático y republicano de gobierno, es un instrumento de participación ciudadana y una vía de control de la gestión pública.
Haciendo uso de este derecho -que a nivel nacional reglamenta el decreto 1172/03-, organizaciones de la sociedad civil como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Poder Ciudadano, y también numerosos periodistas hemos solicitado datos sobre publicidad oficial a la Secretaría de Medios de Comunicación, organismo que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros y concentra la mayor parte del manejo de la pauta a nivel nacional. Nos impulsaban las sospechas y acusaciones sobre el manejo arbitrario de estos fondos del Gobierno.
MonitoreoDurante años, la entrega de esa información por parte del Poder Ejecutivo permitió a las ONG y a los periodistas monitorear la utilización de la publicidad del Estado. Detectamos que los gastos aumentaban año tras año de modo exponencial, multiplicando una caja de uso discrecional.
Durante ese período revelamos que la pauta oficial servía, en ocasiones, para beneficiar o castigar a medios de comunicación de acuerdo con su línea editorial o afinidad personal con el Gobierno, en violación a la libertad de expresión.
Descubrimos avisos publicitarios que, lejos de cumplir con una función de utilidad pública, buscaban la mera promoción de funcionarios o entidades gubernamentales.
Por otra parte, denunciamos una gestión irregular y poco transparente de fondos públicos. Y, tras esa evidencia, reclamamos insistentemente al Congreso que sancionara una ley adecuada para regular la contratación de la pauta estatal, con criterios claros y equitativos de asignación, mecanismos exhaustivos de transparencia y control y restricciones de utilización en época electoral.
Esta reciente negativa del Poder Ejecutivo Nacional a continuar brindando esos datos de la partida de publicidad oficial constituye un injustificado cambio de posición, que impide conocer la gestión de contrataciones públicas en un área de gran sensibilidad.
Esta vez, el silencio parece ser el camino elegido para esconder aquello que no se puede explicar.
La autora es directora del Programa Libertad de Expresión de la ADC.
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