entre los controles social y o político de la prensa
Los periodistas se enfrentan al "control social" y el "control político" en la nueva Constitución Política del Estado (CPE) que propugna el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), además de una seria de restricciones a la libertad de expresión. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) --acusada por el Poder Ejecutivo mediante una campaña mediática de proteger la libertad de empresa bajo la careta de la defensa de libertad de expresión-- promueve en los últimos días una campaña en defensa de la libertad de expresión: "No al inciso II del artículo 108 del proyecto de la nueva Constitución.
Ciudadano, defiende tu derecho a opinar con libertad", señala el comunicado de la ANP. En el panorama político el oficialismo busca que la oposición sancione en sesión de Congreso la ley de Referéndum aprobatorio de la nueva Constitución, que dio lugar a una discusión de temas referente a los idiomas, símbolos patrios, cuota indígena, libertad de expresión y Poder Judicial. El docente y abogado Carlos Krings y el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar, afirmaron a la agencia ANF que en la nueva CPE se busca implantar un control social y la acción popular que se constituye en un "control Político" a los medios y la ideologización de los mensajes comunicacionales. Pero sobre todo coarta la liberta de expresión del pueblo boliviano. En este marco, el artículo 1 del capítulo Modelo de Estado de la nueva CPE, hizo tambalear las negociaciones por la exigencia de la oposición de que se incluya los términos "república" y "nación", lo que para el oficialismo era renunciar a la esencia del cambio constitucional.
"Lo que se esta generando acá -advierte Wayar- es un proyecto constitucional de dominación de un sector respecto del otro; de un grupo de poder respecto de los demás sectores que en Bolivia, posiblemente y circunstancialmente no obtengan el poder. Eso es lo grave, porque 36 naciones indígenas están asegurando no solamente el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y también el Poder Judicial". Krings hace notar que "cambiar el imperio de la República por un estado social de manera que ya no van hacer las instancias jurisdiccionales las que tengan tuición sobre determinados ámbitos, sino las instancias sociales, la sociedad civil organizada, no solamente tuición sobre las políticas públicas, sino también sobre las empresas privadas y mixtas y de servicios; la comunicación social es un servicio".
El periodista y docente Andrés Gómez, en el programa Buenas y Malas de ATB, sostuvo que los informadores no deben temer al control social, porque este se lo practica en países como Argentina, España, Nicaragua, Brasil y Chile. En el caso Brasil "es más contundente todavía, porque le faculta al ciudadano defenderse de los abusos de los medios. En Chile hay un consejo nacional de televisión que legisla sobre el funcionamiento de los canales de televisión , función de la sociedad pública, en función del bien común", dijo. Entre las relaciones jurídicas informativas del ciudadano con los medios -argumenta Gómez-.
El ciudadano tiene derecho a organizarse en observatorios de medios, opinión pública, consejos editoriales, lo dice Naciones Unidas no es un invento, entonces si no estamos en el contexto internacional. "Otra cosa implica -aclara- que un gobierno cualquiera sea instaure una instancia para vigilar a los medios, es político, eso no lo aceptarían los periodistas, no lo aceptaría la sociedad, Otra cosa fundamental que el límite de la prensa y la Constitución política del Estado establece esos límites es la verdad y no es confuso ni es ambiguo".
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