Vienen por el territorio
El Gobierno ha iniciando la toma del territorio del Oriente. Esto y no otra cosa es la expropiación de las haciendas del Alto Parapetí, apetecida toma territorial por la que ha estado forcejeando el Virrey de tierras del presente régimen Alejandro Almaraz y la funcionaria que contribuyó desde su puesto de ministra, Susana Ribera, quien permanece aún dentro del gabinete presidencial sólo en pago de esas gestiones altamente valoradas por el régimen actual, consciente de que necesitaba que una mujer y además de origen camba, enfrentara y desconociera a la tierra que la vio nacer.
Pero para no andar con rodeos, es necesario hablar de lo que está pasando hoy en Bolivia, situación que podríamos definir como una innegable toma territorial y expropiación de las riquezas naturales que pertenecen al Oriente del país. Acciones que se están realizando a nombre de una pseudo lucha contra terratenientes y oligarcas del Oriente, cuando en realidad se trata de la reversión y toma del territorio de los llanos orientales.
La avanzada no está hecha al azar y se está iniciando en las tierras del Chaco y más precisamente del Alto Parapetí debido a que estas tierras guardan en su subsuelo grandes reservas naturales hidrocarburíferas, riquezas que trataron de ser acaparadas bajo el intento de formar el décimo departamento, y que luego encontraron otra vía de expropiación más segura a través del sesgado concepto de servidumbre o esclavitud, que ha sido fijado como causal de reversión, para poder proceder a retomar incluso las tierras que cumplen con la llamada Función Económica Social (FES), un concepto que trata de diferenciar las tierras que estarían en pleno proceso productivo de las que no estarían siendo objeto de producción.
La toma de territorio que se está perpetrando, responde a un proceso fríamente calculado por el gobierno actual que ha dado curso a un plan de desintegración del Oriente (fértil, según vocablo utilizado por Mattarollo en su tergiversado informe de los hechos acaecidos en Pando, invasión y militarización que también es parte del mismo plan), concebido para romper la unidad territorial e identidad cultural de los departamentos que hoy conforman Bolivia.
Parte del mismo sistema de ruptura y fraccionamiento territorial-cultural es el experimento de las llamadas autonomías indígenas, que procederá paulatinamente a una superposición territorial hecha con el fin de cuartear el territorio nacional en fracciones cada vez más divisibles para borrar todos los vestigios de unidad e identidad entre las partes que conforman un país que tiene dos grandes bloques culturales el aymara-quechua y el de los cambas de la llanura amazónica, fundado en 1825 bajo el nombre de Bolivia.
Las autonomías indígenas tendrían también el objetivo de contribuir a la expropiación de los territorios apetecidos, entregándolos en primera instancia a núcleos indígenas que calculan sean manejados por los políticos. No olvidemos que mañosamente se ha cambiado también el concepto de TCO, tierras comunitarias de orígen, por el de TCI, tierras comunitarias indígenas, que implica un criterio en el que dentro de las autonomías indígenas se pueden imponer etnias a otras regiones, trasladando aquellas que no son las del hábitat natural para aposentarlas y dejarlas como propietarias de esas tierras, es decir como nuevas colonizadoras internas.
Esto nos muestra que la constitución promulgada por el Gobierno actual, que estaría supuestamente saldando 500 años de colonialismo, estaría en realidad fomentando un colonialismo interno, donde en nombre de las etnias el gobierno empieza a apropiarse del territorio y de los recursos naturales existentes en el país.
Después de la nacionalización este es el negocio más rentable para una clase política burócrata que quiere enquistarse indefinidamente en el poder y mantener su estadía viviendo, usufructuando y malgastando las rentas que percibe el Estado en calidad de ingresos por recursos naturales.
Este y no otro es el motivo para el diseño de país que se ha hecho violando todos las leyes y procesos, con sangre, con fraude y con violencia, pasando por encima de todas las resistencias, y que tiene como principal objetivo destruir el aparato productivo puesto que no les interesa que las tierras den frutos y se agrande la zona productiva, pues muy por el contrario tiene como único motivo de sus desvelos el usufructo de la riqueza extractiva para que la clase política parásita termine con todo lo que queda de recurso naturales en nuestro país.
Esto sin duda traerá pobreza, subdesarrollo y arbitrariedades. Para muestra tenemos ya a YPFB y toda la maraña de corrupción que ha engendrado dentro del Gobierno, lo propio seguirá ocurriendo con todo lo que el Estado toque para transformarlo en botín de guerra. Por otro lado, los departamentos dejarán de percibir las regalías que les correspondían en calidad de zonas productoras de recursos naturales y estos se destinarán a las autonomías indígenas que tendrán autogestión y autogobierno y justicia comunitaria, con lo que significa que el cuadro de saqueo estaría completo y amparado por la constitución que impediría ejercer un control social adecuado, ya que será muy fácil aplicar justicia comunitaria a quienes denuncien el saqueo del país, pues para este fin se ha constitucionalizado el delito de traición a la patria, que va a recaer en quienquiera que se digne oponerse al régimen devorador y usurpador que se está poniendo en ejecución.
Se debe considerar, que la constitución también ha previsto el supuesto delito de daño ambiental, que es equivalente al de traición a la patria y que será esgrimido contra aquellos que pretendan defender el territorio que se están usurpando a la par que las riquezas naturales que contiene.
Las transnacionales que están detrás del gobierno que ha inventado todas estas reglas del juego para su uso, abuso y beneficio, están ahora en el poder y están sentadas a la diestra y siniestra del Presidente, lamiéndose los bigotes con el banquete opíparo con el que se comerán al país que le han puesto en bandeja con indios originarios y todo.
Recordamos que cuatro departamentos han votado con elevados porcentajes por las autonomías reales para defenderse de este grave peligro. El que no hayan asistido a formar el consejo autonómico implica una obediencia al voto y mandato de sus pueblos.
Los partidos políticos no revisten ni en sueños una esperanza, pues seguirán en el jueguito de entregar el país, puesto que ellos son los que le dieron alargue a la constituyente, formaron multipartidarias, firmaron pactos y por último se sortearon las vestiduras del pueblo crucificado en el mismo hemiciclo del Congreso.
Ellos como buenos Judas, dijeron una y otra vez que tenían que entregar al pueblo para evitar una guerra civil, sin ninguna vergüenza siguen vendiendo las elecciones de diciembre del 2009, donde piensan seguir profundizando el remate del país, la subasta del Oriente a los mismos postores que esta vez se esconden para pagar los consabidos treinta denarios detrás de los pobres originarios.
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