El Gobierno tiene la obligación de informar, es decir, hacer conocer la verdad al pueblo
El Gobierno tiene la obligación de informar al pueblo todo lo que hace, la información es radicalmente diferente a la propaganda. Tarde o temprano la gente se da cuenta de la calidad de ese trabajo y opta por lo más limpio, correcto y evolutivo. Es posible engañar una vez a las personas pero, pretender prolongar indefinidamente esa conducta, es imposible.
Ante la inminencia de la puesta en marcha de un periódico dependiente del Gobierno, hay mucho que analizar. Tres son las premisas fundamentales para realizar dicho trabajo. Debemos cuidarnos de incurrir en un razonamiento meramente partidista o sectario en esta materia. Es hora de realizar el esfuerzo intelectual necesario para separar al Estado de los partidos políticos y en proyección más exigente de los activistas, que casualmente toman el poder.La base ideológica de este trabajo es la concepción cabal de lo que es informar, en relación con lo que puede ser opinar y en proyección más peligrosa hacer propaganda. No sólo en ámbito de los medios de comunicación, sino en lo que respecta al sector público, informar quiere decir hacer conocer a la gente lo que realmente sucede. Los componentes de una información seria y consiguientemente confiable, entre otros, son: análisis histórico, contextualización del hecho u objeto motivo de la información, uso de estadísticas y documentos comprobables, limitación o supresión de los componentes subjetivos que hay en toda acción humana.En relación con el Gobierno hay dos elementos fundamentales que no deben ser olvidados, en primer lugar, el Gobierno es una estructura que representa y cumple funciones en relación con la totalidad del país, no puede haber Gobierno sólo de una parte de la sociedad o encargado de reprimir y marginar a los que no pertenecen al partido político de turno. Esto quiere decir que el Estado tiene exactamente las mismas obligaciones y atribuciones en relación con todos los habitantes de la República. No es correcto convertir al Estado y en ese marco al Gobierno en patrimonio privado y exclusivo de quienes toman circunstancialmente el poder.Un Estado, universalmente concebido, tiene la obligación de informar a la población acerca de las medidas que toma, de los recursos que percibe, de las inversiones que realiza, de los compromisos que asume en el frente externo. En síntesis, un Estado democráticamente organizado, con un Gobierno equivalente a ese nivel de evolución, debe informar permanentemente a su pueblo no sólo de lo que hace, sino también de lo que deja de hacer. Los gobiernos que utilizan los medios a su alcance para deformar los hechos, para difundir falsedades y para imponer sus pretensiones sectarias y circunstanciales, no son democráticos ni respetuosos de la población.Acerca del anuncio del Gobierno para poner en circulación un periódico oficialista, nuestra posición es clara e irrevisable, se puede sintetizar en lo siguiente: a) El sector público tiene derecho a instalar sus propios medios de comunicación pero, para informar, es decir, para hacer conocer a la gente la verdad. b) Así como todo lo que está en ámbito de la administración pública, corresponde a todos los habitantes de la República, los medios que instale el Gobierno son también de la comunidad, nadie tiene derecho a utilizarlos exclusivamente. c) La información manejada sin los requisitos correspondientes, no pasa de ser propaganda, muchas veces burda, incompleta y agresiva. Si el Gobierno ha de instalar un periódico para que haga lo que hace el Canal 7 se equivoca. Más temprano que tarde la gente se da cuenta de esa imposición y opta no sólo por el desconocimiento sino por el desprecio.
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