El gobierno de Evo Morales, consciente de que su ejercicio de gobierno no se iba a ceñir a norma, ley o institución alguna, que no le permitiera moverse dentro de las nuevas reglas del juego que pretendía instaurar fuera del marco de la democracia, emprendió su tarea de demolición del Tribunal Constitucional entre otras instituciones a las que finalmente consiguió descabezar y someter a fuerza de juicios y amenazas.
Después de una ola de ataques que concluyeron en dimisiones, quedó como única magistrado la Doctora Silvia Salame, quien desde la soledad de su función, tuvo el coraje de pedir a la Corte Nacional Electoral la suspensión del nefasto referendo revocatorio realizado el 10 de agosto causante de la desintegración del Conalde y que se constituyó en un duro golpe para el movimiento autonomista que con mucho sacrificio y esfuerzo habían construido los departamentos de la Media Luna. Recordemos que algunos prefectos del Conalde se empecinaron en ir al Revocatorio a como dé lugar, desoyendo el pronunciamiento de Silvia Salame que contestó a una consulta planteada por el Diputado Arturo Murillo de UN y luego a otra que planteó el prefecto cochabambino Manfred Reyes Villa; consultas realizadas mediante un Recurso Indirecto Incidental al Tribunal Constitucional representado entonces por Salame como única magistrada. En la ocasión la tribuna planteó al organismo electoral mediante un decreto que se debería suspender la realización de la consulta por estar fuera del marco constitucional
Pese a la recomendación de Salame, que actuó en solitario desde su exilio al interior de la institución guardiana de la constitucionalidad, el plebiscito fue acatado por propios y extraños y derivó en la destitución de los prefectos de Cochabamba y la Paz y tuvo además el nefasto rebote de la toma violenta de Pando bajo la consigna de destituir a un tercer prefecto en la persona de Leopoldo Fernández.
Recordemos que en la ocasión Salame fue duramente reprimida por el Gobierno, que en rechazo de su decreto la demandó por prevaricato ante el Congreso Nacional, debido a que los decretos de Salame planteaban que el plebiscito debía suspenderse hasta que el Tribunal Constitucional tuviera otra vez quórum y pudiera pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de la consulta a la que se sometieron el presidente Evo Morales, su vicepresidente, Álvaro García Linera, y ocho prefectos del país.
A mediados del pasado diciembre, Salame volvió a manifestarse exigiendo que el Congreso cumpla con su función de cubrir las acefalías del órgano garante de la constitucionalidad, e incluso amenazó con presentar su renuncia si esta tarea no se realizaba, declaración que arrancó una respuesta despectiva y grosera del vicepresidente Álvaro García, quien comentó que recibiría a la magistrada siempre que fuera después de las doce de la noche.
En vista de que hasta el momento actual el Congreso no procedió a cubrir las acefalías, la tribuna desahució la institución planteando que incluso dimitirá de su cargo si no cursan las designaciones antes del referéndum por constitución. Salame tiene mucha razón al plantear que de no hacerse este mes las designaciones del Poder Judicial la actual legislatura no podrá intervenir más en dicha asignación puesto que los actuales parlamentarios perderán la facultad en el sentido de que el nuevo texto constitucional indica que los funcionarios de este poder serán elegidos por voto popular.
Sobre esta situación Salame se ha expresado textualmente: “Si en esta legislatura no sale una designación, hemos perdido la posibilidad de hacer las designaciones hasta el 2010 ó 2011”, afirmó Salame e indicó que su presencia en el Tribunal no serviría de nada. “El Congreso si bien va a continuar en funciones hasta que se proceda a un nueva elección, ya no tendría la facultad de elegir, porque ese proyecto de CPE dice que la forma de elección es por voto popular”. El pedido de Salame ha sido secundado por el presidente de la Corte Suprema, Eddy Fernández, sin que su solicitud sea escuchada ni por el Poder Legislativo ni por el Ejecutivo que libra en estos momentos una rencilla con duras acusaciones contra los magistrados que no les resultan funcionales.
Silvia Salame no puede seguir en calidad de rehén en el Tribunal Constitucional, tampoco puede seguir esperando a ser ella quien apague la luz. Su perseverante estadía sólo tendría algún sentido si es que se llegan a cubrir las acefalías y se restituye este poder del Estado. Pero por supuesto que el Gobierno no desea que esto ocurra puesto que teme a los fallos que pueda dictar un Tribunal que no se supedite o se someta a su poder. Sin embargo, más allá de la negativa y las obstrucciones del Poder Ejecutivo, del cual ya conocemos sus verdaderas intenciones, nos preocupan sobremanera las actuaciones que han tenido los congresistas de oposición, tomando en cuenta que a la hora de la hora se dejaron meter las leyes que le dio la gana al Ejecutivo, que a la hora de la hora ellos fueron los que aprobaron el Referéndum Revocatorio, y que a la hora de la hora están dejando que el zorro sea quien cuide y decida por el gallinero.
¿Serán ellos los que terminen apagando la luz? (de centa reck en hoy bolivia)
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