Me causó gracia, por no decir pena, la respuesta que ensayó el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, en una comunicación telefónica con el autor de esta columna cuando se le reclamó garantías para el trabajo de los periodistas de La Prensa, luego de las amenazas de muerte recibidas por mi familia y por el editor de Al Filo, Raphael Ramírez: “Nosotros creemos que detrás de estas acciones está la gente de la derecha, lo hacen para perjudicar al gobierno de Evo Morales”. Pensé, por un segundo, que no estaba hablando con un funcionario público de alto rango, menos del área de seguridad. Quizás era un acólito del oficialismo o un distraído hijo de vecino. Tal fue mi sorpresa, que no atiné a recordarle que los cobardes delincuentes que llamaron tres veces a mi casa señalaron con claridad su enojo con la investigación periodística de los 33 camiones en Pando que publicamos en diciembre de 2008, que involucran a altos dignatarios de Estado. Creo, sin temor a equivocarme, que detrás de los ataques contra La Prensa de los anteriores meses no está la “derecha”, sino los grupos de choque afines al oficialismo. Un caso similar ocurrió en la vecina El Alto, donde también la impunidad campea. Los integrantes de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto actuaron de la misma manera intimidatoria contra nuestro colega Andrés Rojas, o los miembros del autodenominado Comité Cívico Popular (CCP), que no tienen empacho en atacar públicamente a los periodistas delante de las cámaras. Pero, qué lástima, olvidé preguntarle a Farfán si había leído el “manifiesto” contra la libertad de expresión en Bolivia que firmaron los dirigentes alteños afines al MAS, en el que le dan un ultimátum a Rojas, ahora ex director de prensa del canal católico CCV gracias a esas mismas amenazas de muerte. La renuncia de un jefe de prensa por amenazas de muerte no tiene antecedentes en la democracia boliviana.
Quizá habría que decir que no somos tontos, que nos damos cuenta de quién está detrás de las amenazas. Pero debieran saber que nosotros no vamos a renunciar a decir la verdad, a informar a la gente sobre lo que está pasando en nuestro país y, en particular, sobre cualquiera de los asuntos que involucren el interés público. Hasta el cierre de esta edición, la Policía no había llegado a esta Redacción pese al pedido público de garantías. Nos piden una denuncia, la presentamos. Nos piden más datos, se los vamos a dar. Pero no se engañen ni traten de engañarnos, sabemos que detrás de estos mafiosos está una acción política para arrinconar a los medios de comunicación, a los periodistas y a la prensa libre e independiente. ¿Por qué? Porque ese periodismo comprometido con la verdad no es funcional con ningún modelo autoritario ni hegemónico, de izquierdas ni de derechas, aquí en Bolivia ni en ninguna parte del mundo. Las dictaduras militares o los pseudo gobiernos democráticos lo primero que hacen para imponer sus regímenes es acallar la comunicación, silenciar las voces críticas que muestran la realidad de los actos públicos. La comunidad internacional está al tanto de la gravedad del caso y comienza a denunciar estas violaciones a los derechos fundamentales. La libertad de expresión está en riesgo, y no es por los periodistas, sino por los radicales y los violentos. El autor es Jefe de Redacción de La Prensa carloshugomorales68@gmail.com
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