En el campo de la fiscalización, los parlamentarios demuestran que los casos que llegan a sus manos no son concluidos y, por lo tanto, los presuntos responsables se quedan sin sanción. Como ejemplo, hay tres casos congelados. Qué sentido tienen aquellas investigaciones.
La confrontación política en el país menoscaba las facultades del Órgano Legislativo boliviano que, como ya lo hemos señalado en anteriores ediciones, se ha convertido en una especie de víctima de la actual situación. Los parlamentarios, diputados y senadores, deben legislar y fiscalizar, pero lamentablemente no se cumple a cabalidad por lo dicho.
En el campo de la fiscalización, los parlamentarios demuestran que los casos que llegan a sus manos no son concluidos y, por lo tanto, los presuntos responsables de los casos no son sancionados, lo que, una vez más, pone en entredicho si el Congreso es un órgano independiente del Ejecutivo. ¿Qué casos? El de los sucesos del 11 de septiembre en Pando, el paso irregular de los 33 camiones de contrabando en Pando, el escándalo de crimen y corrupción en YPFB.
En algunos casos, la Fiscalía se subordinó al trabajo de los parlamentarios, que, a la hora de la verdad, se prestaron al interés partidario, principalmente los del Movimiento al Socialismo, que bloquearon la aprobación de los informes finales.
Pese a estos antecedentes, en la Cámara Baja acaba de constituirse una nueva comisión, esta vez para “investigar” el muy complejo caso de los presuntos terroristas muertos y detenidos en un céntrico hotel de Santa Cruz, a quienes inicialmente se les atribuyó el fallido atentado contra el cardenal Julio Terrazas y luego se los inculpó de planificar la muerte de los dos primeros mandatarios del país, y provocar una “fragmentación” del país, como sostuvo el vicepresidente Álvaro García.
La comisión, sin embargo, tendría limitaciones que no las tuvieron otras tres, pues no podrá constituirse en cabeza del Ministerio Público, porque la nueva Constitución no lo permite y su trabajo no tendrá carácter reservado. Por tanto, en buenas cuentas, su labor se reduciría a ser oficiosa, con lo que pierde la reducida o ninguna condición de estar investida de alguna autoridad legal.
En respaldo de lo antes expresado, corresponde rememorar los tres casos que, en la actual legislatura, las “investigaciones” terminaron en una frustración total.
El primero fue el de la masacre en Porvenir, en el departamento de Pando. Hasta hoy, la verdad de los hechos quedó en la nebulosa. Peor todavía, las acciones políticas del fatídico 11 de septiembre parece que estuvieron sólo dirigidas a deponer y encarcelar al prefecto Leopoldo Fernández, sindicándolo de ser el autor de la matanza, pero no se conocen las pruebas.
El segundo de ellos es el paso de mercadería ilegal al Brasil, en nada menos que 33 camiones. Los oficialistas eluden dar conclusiones sobre el papel de los presuntos involucrados, entre ellos el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. El caso fue tan aberrante que el denunciante resultó ser el acusado.
Por último, a raíz de los múltiples casos de corrupción ocurridos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), se formó una comisión mixta de diputados y senadores. Cuando se difundieron oficialmente sus conclusiones, dos senadores oficialistas —Antonio Peredo y Ricardo Díaz— retiraron sus firmas, aparentemente por las presiones partidarias, sin considerar el menoscabo que sufría la honorabilidad de ambos legisladores. Así, qué sentido tiene que se hagan investigaciones.
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