La designación de ministros de Estado como jefes de campaña del MAS y la utilización de bienes públicos en época proselitista colisionan con la Ley Electoral Transitoria, sancionada en abril por el presidente Evo Morales. Amparado en esta legislación, la Brigada Parlamentaria Cruceña anunció que solicitará a la Corte Nacional Electoral que sancione a las autoridades que descuiden sus funciones para hacer campaña, pero en el partido de Gobierno minimizan el reclamo.
El vicepresidente del MAS, Sergio Loayza, confirmó ayer al diario La Prensa, de La Paz, que la estrategia del oficialismo consiste en designar a los titulares de las carteras de Estado como los jefes de campaña en los nueve departamentos.
En el último ampliado del MAS, realizado en Cochabamba, se determinó que los ministros de Salud, Ramiro Tapia, y de Autonomías, Carlos Romero, se encargarán de Santa Cruz.
El presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Óscar Urenda, reaccionó contrariado por la disposición masista y anunció que gestionará una resolución para pedir sanciones a los infractores, tal y como estipula la Ley Electoral. “No hay gestión y encima quieren manejar a su antojo los recursos de los bolivianos. Es inaceptable, el país sigue sin rumbo”, dijo.
Al titular del Senado, Óscar Ortiz, y al candidato a la presidencia Manfred Reyes Villa no les extraña la medida del Gobierno. Según Ortiz, el Gobierno no diferencia lo que es gestión pública de las acciones partidarias. Para Reyes Villa, el manejo sesgado del canal estatal es una muestra del abuso que hace el Gobierno con los bienes del Estado.
Si bien la jefa departamental (a.i) del MAS, Lidia Choque, no ha recibido una comunicación oficial sobre la designación de Romero y Tapia, adelantó que solicitará una reunión con el ministro de Autonomías para coordinar el plan de campaña que se iniciará el 1 de agosto. “Estamos haciendo ampliados, seminarios y foros en las provincias, como parte de un adelanto de la campaña, en los que destacamos las obras del proceso de cambio”, dijo. Entre tanto, en La Paz, el diputado oficialista Jorge Silva reconoció que en los tres años de gestión, los parlamentarios del MAS han aportado Bs 3,5 millones a través del descuento por planilla. “A los titulares descuentan Bs 500 y a los suplentes 250”, señaló.
Fidel Surco, líder de la Conalcam, indicó que los sectores sociales también aportan a la campaña del MAS, pero con productos. El viceministro de Autonomías, Saúl Ávalos, dijo que él aporta un tercio de su salario mensual.
Qué dice la norma
La octava disposición final de la Ley Electoral Transitoria dice que se prohíbe a los funcionarios públicos, bajo pena de destitución, dedicarse durante horas de trabajo a actividades relacionadas con propaganda o campaña política.
Asimismo, queda terminantemente prohibida la utilización de bienes públicos de cualquier tipo en actividades partidarias, electorales o proselitistas.
Si se comprobara la violación de esta disposición, las cortes electorales solicitarán la suspensión inmediata del funcionario infractor y la remisión de antecedentes ante el Ministerio Público para el inicio de las acciones legales correspondientes. (crónica aparecida en El Deber, SC)
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