No hay nada más peligroso que tener enquistados a ciudadanos en función de autoridades y con poder para que actúen como verdaderas termitas. Corroen por dentro la institucionalidad y poco a poco van debilitándola hasta que su fuerza de sostenimiento se vaya abajo. Parecen no tener otra tarea. Y si de traición a la Patria hablamos, esta debería ser una de ellas.
Walker San Miguel es un ciudadano, que fue Presidente del Colegio de Abogados en La Paz. Sus declaraciones entonces se ceñían en espíritu y forma a lo que la ley dispone. Pero desde que ocupa una cartera Ministerial, no ha cesado en asesorar al Presidente de la República para inducirlo a cometer una serie de errores y graves provocaciones a los otros órganos de poder del Estado.
El sabe que una de las bases más importantes en la administración de justicia, es el respeto irrestricto al debido proceso. Sin él, no hay justicia. Así de simple. Y este debido proceso se rige en su desarrollo por leyes que establecen lo que se puede y lo que no se puede hacer. En este sentido, lo que la ley permite, no puede considerarse ilegal. Concepto básico y elemental del derecho.
Ahora bien, cuando existe conflicto de intereses y el juzgador está involucrado en ello, la ley le obliga a excusarse de conocer el juicio. Me imagino que si el señor Walker San Miguel fuera juez en una causa y el acusado fuera su hermano, se excusaría de conocer la causa. Pero según su novedoso razonamiento, San Miguel tendría que renunciar a su condición de juez y además ir a parar a la cárcel. Con este criterio jurídico manejamos los asuntos de Estado.
Y así nos va. Porque no se me ocurre pensar cuantos jueces a nivel nacional, por este motivo deberían en las próximas horas renunciar a sus cargos y acusarse de haber transgredido la ley. ¡Algo insólito! Digno de figurar en el calendario de las estupideces jurídicas para enseñarles a los estudiantes de derecho a tener criterio jurídico.
Es que los intereses políticos escudados, como en este caso, de protesta contra la retardación de justicia, no son más que envoltorios sucios para confundir al ciudadano y distraerlo con una discusión que no tiene razón de ser. No es que el Gobierno esté preocupado por la retardación de Justicia, si así fuera otras serian las medidas que asumiría.Por ejemplo, en vez de descabezar a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Judicatura y al Tribunal Constitucional, trabajaría con todos ellos para hacer reformas de fondo a las leyes que hoy día conforman la estructura jurídica nacional. Y anularía los procedimientos que tienden a convertirse en trabas para la buena administración de justicia. Esa sería una verdadera demostración de interés por mejorarla.
¿Pero qué debemos pensar si en vez de trabajar en coordinación con la administración de justicia, se inventan procesos judiciales, piden la cárcel, insultan a las personas, mesclan siglas políticas y aúllan como perros rabiosos a todo lado? ¿Quieren la aplicación de una justicia al servicio del bien común, o solo quieren destruir para conseguir sus bastardos intereses políticos?
Habría que ser muy inocente para creer que San Miguel quiere mejorar la justicia. Lo que busca es infundir miedo y presionar, como lo hicieron con las magistradas del Tribunal Constitucional, a las que asustaron a tal punto que las hicieron renunciar. ¿Para qué? ¿Se propusieron luego conformar ese alto Tribunal? ¡No!, les interesó un pepino, hasta ahora, y con esas muestras de destrucción permanente a la institucionalidad nacional, quieren hacernos creer lo contrario.
No hay comentarios:
Publicar un comentario