La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), en pronunciamiento público, repudió hoy la impunidad que caracteriza el caso del periodista Carlos Quispe Quispe asesinado a golpes por una turba exaltada en la localidad de Pucarani hace un año, motivo porque exige a las autoridades gubernamentales y judiciales, a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, “iniciar las acciones necesarias para que se detenga a los autores y se los sanciones ejemplarmente”.
“No es posible que a 12 meses de ese brutal asesinato los autores materiales e intelectuales estén gozando de total y absoluta libertad como si fueran totalmente inocentes, sin que nadie hubiera hecho absolutamente nada para que llegue la justicia” , se señala en el pronunciamiento firmado por Pedro Rivero Jordán, presidente, y Juan Javier Zeballos, director ejecutivo.
De acuerdo a los datos, Alberto Antonio Quispe Choque, padre del joven periodista, se queja de que nadie se ocupe de aclarar “semejante crimen” y teme que quede en la impunidad. “El caso está paralizado” dijo angustiado a tiempo de afirmar que no tiene dinero para pagar los gastos de un proceso, mientras que la Policía y la Fiscalía hacen nada para dar con los autores del horrendo asesinato y que las organizaciones defensoras de los derechos humanos tampoco se preocupan de impulsar algún juicio y menos el Ministerio de Justicia.
Quispe Quispe fue salvajemente golpeado el 27 de marzo del 2008 por una turba desenfrenada y, dos días después, murió en una clínica de La Paz. “La ANP condena la pasiva actitud de las autoridades y les exige que salgan de su indiferencia inhumana para que se haga justicia. No es posible que este crimen quede en la impunidad por la negligencia o, lo que es peor, por la mala voluntad de quienes tienen la obligación de investigar y aclarar este crimen y encarcelar a los responsables”, dice el pronunciamiento.
OTROS CASOS
Mientras la ministra de Justicia, Célima Torrico, trabaja como operadora política del gobierno, casos similares al del periodista Carlos Quispe Quispe, asesinado por una turba en Pucarani, aún no han sido siquiera investigados como el linchamiento de seis personas en el estadio de Achacachi, donde dos de ellas fueron torturadas, quemadas y asesinadas por la muchedumbre. El caso fue calificado como “justicia comunitaria” y, por tanto, hasta ahora no se conoce siquiera la intervención del Ministerio Público.
Recientemente, los familiares de los tres policías linchados también por una turba en Epizana, en el departamento de Cochabamba hace un año, exigieron el esclarecimiento del hecho dado que fueron aprehendidos más de una veintena de comunarios del lugar y comunidades aledañas de donde la ministra de Justicia y el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, son oriundos, sin embargo, poco a poco fueron liberados sin que hasta la fecha haya culpables.
La justicia comunitaria se ha convertido en un procedimiento común en el área rural, sobre todo, del occidente del país y el trópico cochabambino que son considerados “territorios liberados” por el gobierno ya que sus dirigentes no sólo están habilitados para impedir el ingreso de fiscales e investigadores, sino también para declarar “estado de sitio civil” y “pactos de silencio” que contravienen la ley y hacen impunes a los autores y cómplices y encubridores a los responsables de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado y las normas y procedimientos en vigencia.
AGRESIONES Y CERCOS
Las acciones de fuerza de comunarios protegidos por el gobierno, grupos de paramilitares que integran los llamados “movimientos sociales”, las agresiones de mercenarios contra la población civil y la prensa, así como “el pueblo” reflejado en grupos que violan las leyes y por tanto prostituyen la democracia “se han institucionalizado”, según el diputado Arturo Murillo.Por su parte, la diputada Ninoska Lazarte recordó que ella fue víctima de la muchedumbre cuando pretendió ingresar al Congreso a cumplir su trabajo y fue agredida, golpeada y escupida “cobardemente” en uno de los cercos promovidos por el Poder Ejecutivo para forzar decisiones de los representantes nacionales en su beneficio y algo similar ocurre con “quienes piensan”, por tanto, no están con el gobierno como ocurrió en el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y su familia, la ex diputada Paredes, el senador Guido Guardia y otros.
El activista del autodenominado “Comité Cívico Popular”, Adolfo Cerrudo, se encuentra recluido preventivamente en la cárcel de San Pedro, sin embargo, su detención tuvo lugar después de varios meses de “búsqueda” de parte de la Policía cuando paseaba por las calles y participaba en medidas de presión organizadas por el gobierno. Edgar Mora, presidente de ese Comité y Fidel Surco, presidente del CONALCAM también afín al gobierno cometen impunemente apología pública del delito, asociación delictuosa, sedición, atribuirse los derechos del pueblo, instigación pública delinquir, terrorismo y otros.
“No es posible que a 12 meses de ese brutal asesinato los autores materiales e intelectuales estén gozando de total y absoluta libertad como si fueran totalmente inocentes, sin que nadie hubiera hecho absolutamente nada para que llegue la justicia” , se señala en el pronunciamiento firmado por Pedro Rivero Jordán, presidente, y Juan Javier Zeballos, director ejecutivo.
De acuerdo a los datos, Alberto Antonio Quispe Choque, padre del joven periodista, se queja de que nadie se ocupe de aclarar “semejante crimen” y teme que quede en la impunidad. “El caso está paralizado” dijo angustiado a tiempo de afirmar que no tiene dinero para pagar los gastos de un proceso, mientras que la Policía y la Fiscalía hacen nada para dar con los autores del horrendo asesinato y que las organizaciones defensoras de los derechos humanos tampoco se preocupan de impulsar algún juicio y menos el Ministerio de Justicia.
Quispe Quispe fue salvajemente golpeado el 27 de marzo del 2008 por una turba desenfrenada y, dos días después, murió en una clínica de La Paz. “La ANP condena la pasiva actitud de las autoridades y les exige que salgan de su indiferencia inhumana para que se haga justicia. No es posible que este crimen quede en la impunidad por la negligencia o, lo que es peor, por la mala voluntad de quienes tienen la obligación de investigar y aclarar este crimen y encarcelar a los responsables”, dice el pronunciamiento.
OTROS CASOS
Mientras la ministra de Justicia, Célima Torrico, trabaja como operadora política del gobierno, casos similares al del periodista Carlos Quispe Quispe, asesinado por una turba en Pucarani, aún no han sido siquiera investigados como el linchamiento de seis personas en el estadio de Achacachi, donde dos de ellas fueron torturadas, quemadas y asesinadas por la muchedumbre. El caso fue calificado como “justicia comunitaria” y, por tanto, hasta ahora no se conoce siquiera la intervención del Ministerio Público.
Recientemente, los familiares de los tres policías linchados también por una turba en Epizana, en el departamento de Cochabamba hace un año, exigieron el esclarecimiento del hecho dado que fueron aprehendidos más de una veintena de comunarios del lugar y comunidades aledañas de donde la ministra de Justicia y el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, son oriundos, sin embargo, poco a poco fueron liberados sin que hasta la fecha haya culpables.
La justicia comunitaria se ha convertido en un procedimiento común en el área rural, sobre todo, del occidente del país y el trópico cochabambino que son considerados “territorios liberados” por el gobierno ya que sus dirigentes no sólo están habilitados para impedir el ingreso de fiscales e investigadores, sino también para declarar “estado de sitio civil” y “pactos de silencio” que contravienen la ley y hacen impunes a los autores y cómplices y encubridores a los responsables de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado y las normas y procedimientos en vigencia.
AGRESIONES Y CERCOS
Las acciones de fuerza de comunarios protegidos por el gobierno, grupos de paramilitares que integran los llamados “movimientos sociales”, las agresiones de mercenarios contra la población civil y la prensa, así como “el pueblo” reflejado en grupos que violan las leyes y por tanto prostituyen la democracia “se han institucionalizado”, según el diputado Arturo Murillo.Por su parte, la diputada Ninoska Lazarte recordó que ella fue víctima de la muchedumbre cuando pretendió ingresar al Congreso a cumplir su trabajo y fue agredida, golpeada y escupida “cobardemente” en uno de los cercos promovidos por el Poder Ejecutivo para forzar decisiones de los representantes nacionales en su beneficio y algo similar ocurre con “quienes piensan”, por tanto, no están con el gobierno como ocurrió en el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y su familia, la ex diputada Paredes, el senador Guido Guardia y otros.
El activista del autodenominado “Comité Cívico Popular”, Adolfo Cerrudo, se encuentra recluido preventivamente en la cárcel de San Pedro, sin embargo, su detención tuvo lugar después de varios meses de “búsqueda” de parte de la Policía cuando paseaba por las calles y participaba en medidas de presión organizadas por el gobierno. Edgar Mora, presidente de ese Comité y Fidel Surco, presidente del CONALCAM también afín al gobierno cometen impunemente apología pública del delito, asociación delictuosa, sedición, atribuirse los derechos del pueblo, instigación pública delinquir, terrorismo y otros.
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