El prefecto de Tarija, Mario Cossio, acusó ante la Fiscalía General al presidente Evo Morales por haber homologado, vía decreto, compras y consignaciones directas en la compañía estatal de petróleos (YPFB), sacudida por un escándalo de corrupción, informaron este martes fuentes judiciales.
"Sí, efectivamente, la denuncia ha sido presentada" por Cossío confirmó el fiscal general, Mario Uribe.
Se trata de una proposición acusatoria "por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica", explicó el representante del Ministerio Público.
Según la proposición, la demanda se sustenta en el hecho de que el decreto 29506 que promueve la contratación libre de obras, bienes, servicios generales y de consultoría, se asumió sin seguir los procedimientos establecidos en la ley Safco.
Un fiscal de Recursos fue encargado de sustanciar la investigación en el marco de la Ley de Juicio de Responsabilidades que, si bien es anterior a la Constitución vigente, no contraviene sus postulados, explicó Uribe.
El gobierno de Morales calificó la acción judicial de "cortina de humo y una aberración jurídica" la acusación planteada por el prefecto de Tarija, Mario Cossio, contra el presidente Evo Morales, al que endilgó presunta responsabilidad en las compras y contrataciones directas en la compañía estatal de petróleos (YPFB), sacudida por una caso de corrupción.
Por vía de los ministros de Defensa, Walker San Miguel, y de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, el gobierno también denunció a Cossio por intentar "encubrir", tras esa maniobra presentada el viernes ante la Fiscalía de la República, irregularidades en el manejo de recursos en la Prefectura de Tarija.
"La proposición acusatoria presentada ante la Fiscalía General tiene una sola finalidad y es echar una cortina de humo a las propias responsabilidades del prefecto Cossío en el denominado golpe cívico prefectural que se gestó en agosto del año pasado y se ejecutó en septiembre del mismo año con las lamentables consecuencias que determinaron la masacre de ciudadanos en la localidad del Porvenir en Pando", contrarrestó el ministro Walker San Miguel.
Por su parte, el ministro de Defensa Legal, Hector Arce, expresó que la proposición acusatoria es "una verdadera aberración jurídica".
Acotó que de manera incomprensible se cuestiona a un decreto supremo por haber realizado modificaciones totalmente legales respetando la normativa superior, la Ley Safco.
A la sola revisión de la proposición, "se observará que no existen argumentos legales de sustento para endilgar responsabilidades al presidente Evo Morales", esgrimió Arce.
"Como Gobierno nacional queremos dejar plena y claramente establecido de que los decretos supremos que se han dictado, en algunos casos para viabilizar dentro el nuevo modelo donde el Estado participa en la actividad productiva, son total y legalmente constitucionales", afirmó.
El Ministro de Defensa Legal instó a no confundir el mal uso que se ha hecho de un decreto supremo, sea éste cualquiera, con que haya fallas en la norma "tal como errónea y temerariamente quieren hacer ver los miembros de la oposición política y regional".
Según Arce, el decreto 29506 tiene su sentido, su justificación y su total amparo en la legalidad y en la Constitución.
En su propuesta de juicio a Morales, que Arce tachó como una temeridad, Cossío acusa a Morales por la promulgación del decreto que permitió al destituido presidente de YPFB, Santos Ramírez, contratar discrecionalmente a la empresa de constitución reciente e irregular Uniservice Catler, para la construcción de una planta de licuables en el sudeste boliviano.
Una investigación posterior al descubrimiento de hechos de corrupción en YPFB, determinó, de forma primaria, que Ramírez eligió a dedo a Catler Uniservice a cambio del pago de cohechos.
Tanto San Miguel cuanto Arce acusaron a Cossío de pretender echar una "cortina de humo" sobre los hechos de corrupción que lo acorralan en Tarija.
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