El respeto a la propiedad privada
En el exterior, autoridades del Gobierno recibieron en los últimos días preocupadas consultas de políticos, empresarios y periodistas sobre los atropellos a la propiedad privada y a la integridad física de miembros de la oposición.
En el exterior, autoridades del Gobierno recibieron en los últimos días preocupadas consultas de políticos, empresarios y periodistas sobre los atropellos a la propiedad privada y a la integridad física de miembros de la oposición.
Las alusiones estuvieron dirigidas al ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, cuya familia fue flagelada por sus vecinos en el lago Titicaca y su vivienda cerca de ser incendiada y luego ocupada para ser confiscada. El caso de la ex diputada masista Marleny Paredes también llamó la atención fuera del país, porque ella estaba sola cuando una turba la agredió, también con el propósito de arrebatarle su casa, esta vez en los Yungas de La Paz.
Por otra parte, la mina de oro Lipichi, en la zona de Sorata, fue asaltada por los comunarios de la zona, como había ocurrido con más de 250 minas el año pasado en todo el altiplano. Esto también fue motivo de alusión por parte de empresarios del sector que están interesados en invertir en Bolivia.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, tuvo que responder a preguntas directas sobre estos hechos en una entrevista con el diario madrileño El País, mientras que el propio presidente Evo Morales fue consultado sobre la suerte de Cárdenas en conferencias que ofreció en Viena.
Dichos incidentes perjudicaron, por supuesto, el propósito que habían llevado el Presidente y su ministro al exterior, de atraer a inversionistas para que ayuden a elevar la producción petrolera y minera y, de esa manera, generar empleos y riqueza.
Se ha comprobado que atropellos como los señalados, además de ser una violación de los derechos humanos y de la propia Constitución Política del Estado, que reconoce el derecho de las personas a la vida y a la propiedad privada, son dañinos para la imagen del país.
No se conoce de otro país latinoamericano, ni de otras latitudes, donde las ex autoridades sean tratadas de manera tan abusiva. Tampoco se sabe de naciones donde la gente de un lugar tenga que decidir cómo tienen que pensar todos respecto de un referéndum. Y menos todavía de lugares del planeta donde cambiarse el apellido haya sido motivo para pensar en linchamientos.
Aparte de estos detalles, lo que preocupa es que se esté convirtiendo en algo corriente en Bolivia que una población determinada —a juzgar por los acontecimientos registrados en la historia reciente, por lo general de la región aymara— decida no respetar las leyes del Estado nacional. Que los habitantes de un pueblo decidan dictar estado de sitio e impedir el ingreso de la Policía demuestra que el Gobierno no está cumpliendo con su deber de hacer respetar el Estado al que representa.
Con los últimos sucesos, tan emparentados con la barbarie y, por ende, tan lejos de una democracia íntegra, donde primen las libertades y el respeto a los derechos fundamentales, será difícil convencer a alguna empresa extranjera a decidirse a invertir en Bolivia. Sobre todo si el caso de la propiedad privada del ex vicepresidente Cárdenas y la situación de las concesiones mineras continúan en duda, con la venia del gobierno de Morales.
Es imperioso que el Gobierno nacional dé señales claras sobre el respeto a la propiedad privada, como se lo ordena la Constitución Política que promovió y que fue aprobada en un referéndum, por amplia mayoría, el 25 de enero de este año.
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