los pendencieros del MAS se han desaparecido. los que apaleaban a la oposición, los vagos que solían reunirse en plaza murillo, los que aplaudían cada vez que evo abría la boca, esos ya no están. porque quién pagaba sus ocios y fechorías está tras las rejas. no sólo pagaba a los malentretenidos también a parlamentarios, incluso a ministros y es muy probable que el número uno le enviaba gente para que "el hermano santos" les arregle su situación...la verdad no tardará en brillar con toda su luz y sabremos con detalle dónde han ido a parar los millones de dólares manejados por un irresponsable ahíto de poder y ambición sin escrúpulos...
El sitio de EJ nos cuenta la caída de Santos Ramírez
El 31 de julio de 2006, Freddy Terceros Cortez fue apresado en el Aeropuerto Internacional de El Alto con 3.4 kilogramos de cocaína.
Entre las pertenencias de este desconocido ex funcionario del Congreso se encontró una “carta de recomendación” para realizar gestiones institucionales a nombre del Congreso boliviano ante organismos extranjeros. La misiva iba firmada por el entonces presidente del Senado, Santos Ramírez Valverde.
Éste fue el primer caso de “avales” que se descubrió a la ex autoridad. Después vendrían otros.
Por ejemplo, un recibo de mil dólares, que presuntamente cobró Alejandro Rodríguez de Jorge Sánchez, fue emitido para garantizar un puesto en el Instituto Nacional de Estadística (INE). La boleta de garantía estaba bajo el apellido de Ramírez.
Entonces se destapó por completo el lío de avales en el MAS, y precisamente el hombre fuerte de este partido fue uno de los más comprometidos. Esto a pesar de que él mismo dijo que se estaba usando su firma para “acomodar” gente.
En agosto de 2006, Ramírez se vio envuelto en otro lío de corrupción: las visas. Aquel mes, la Cancille-ría denunció haber descubierto la falsificación de documentos para visas chinas.
Ramírez declaró ante el fiscal Edward Mollinedo y admitió que había gestionado el trámite de visas para ocho ciudadanos chinos en 2006, pero aseguró que lo había hecho en el marco de la ley y por promoción cultural. La justicia lo convocó reiteradamente por el mismo caso.
El hombre fuerte del Movimiento Al Socialismo (MAS), Santos Ramírez, es destituido a finales de enero de la Presidencia de Yaci-mientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y asume Carlos Villegas. El Presidente encomendó a éste y a la viceministra Nardy Suxo una investigación a fondo del caso O’Connor.
Las vinculaciones en el caso de la sustracción de 450.000 dólares y el asesinato del empresario Jorge O’Co-nnor le costaron el cargo de presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia-nos (YPFB), Santos Ramírez, el influyente dirigente del Movi-miento Al Socialismo (MAS).
Días más tarde, un juez mandó a la cárcel a Santos Ramírez. Ahora Yaci-mientos Petro-líferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se constituyó en parte civil y presentó querella criminal contra el ex presidente Santos Ramírez y 16 ex funcionarios de la empresa, identificándoles como “autores intelectuales y materiales” de seis delitos penales, entre ellos malversación y uso indebido de influencias.
Los hechos delictivos se refieren particularmente “al uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, malversación, contratos lesivos al Estado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, puesto que infringieron “los artículos 146, 154, 224, 144, 221 y 150 del Código Penal”.
La documentación entregada al fiscal de la Comisión Especial, Edward Mollinedo Pinedo, señala varias irregularidades, como la contratación de Catler-Uniservice que “no contaba con la certificación presupuestaria, vulnerando la Ley de la República 1178 y la Ley Financial 2042, apelando para esta contratación a la Resolución de Directorio 023/2008 de fecha 16 de abril que no es compatible con la ley citada anteriormente”, señala el informe de YPFB.
Catler-Uniservice “se constituyó en sociedad tres días antes de la suscripción de contrato con YPFB”, además “no se remitió a la Dirección General de Sistemas Administrativos Guberna-mentales el contrato modelo establecido en el SICOES”.
El contrato no fue protocolizado en la Notaría de Gobierno sino ante un notario de fe pública, agrega el informe, al mencionar las irregularidades legales y administrativas que “implicaron un manejo discrecional de las normas establecidas en el Decreto Supremo 29506”, norma que le dio luz verde a Ramírez.
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