Una penosa fundamentación de sus acusaciones brindó este miércoles en Sucre la Fiscalía en una exposición de contornos generales y ambiguos y pretendiendo convencer de que las FFAA actuaron más allá de sus atribuciones, en el marco del juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros.
En la audiencia expusieron la Fiscalía y las acusaciones particulares su fundamentación de acuerdo a lo establecido en el procedimiento penal. Inició la misma el Fiscal General Mario Uribe en una exposición de contornos generales y ambiguos como a momentos contradictorios, tratando de explicar el desarrollo primitivo del derecho y su evolución en un figura forzada para demostrar que la ley es la ordena al convivencia civilizada y llevando este razonamiento al punto de definir la conducta del ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada como autoritaria.
Inmediatamente prosiguió la fiscal de recursos Mirna Arancibia, que trató de convencer al Tribunal que las Fuerzas Armadas de la Nación obedeciendo instructivas presidenciales, fue más allá del cumplimiento de sus deberes y usó la fuerza en exceso ocasionando muertos, heridos e inclusive deteniendo ciudadanos durante los hechos de octubre. Durante su exposición se mostró complaciente con las organizaciones sociales a las que calificó como pacífica en sus demandas y acciones de fuerza que desarrollaron durante esos días.
Arancibia parecía a momentos un dirigente sindical explicando reiterativamente que las demandas no eran escuchadas por el Gobierno y que este en su sordera solo se interesaba en aplicar la represión. Culpó a las Fuerzas Armadas de estos actos y no a los militares acusados personalmente. Esta figura ha ocasionado preocupación en la parte militar que manifestó su extrañeza por este enfoque que distorsiona la realidad. Extralimitándose en su exposición mostró fotografías y otros elementos que fueron extrañados por la defensa pidiendo al presidente del Tribunal Irusta llame la atención a la fiscal por ese proceder.
Sin embargo a pesar de ello la fiscalía siguió con su exposición plagada de aseveraciones e inducciones al Tribunal que dejó proseguir complaciente. De todo lo dicho se puede concluir que las Fuerzas Armadas balearon a los ciudadanos de El Alto mientras estos hacían sus actividades cotidianas, una figura poco convincente dada la magnitud de los hechos que fueron de amplio conocimiento ciudadano.
Finalizando la ronda de la fiscalía habló Milton Mendoza quien se encargó de prometer demostrar que los ex Ministros Reyes Villa, Kuajara y Pino eran cómplices de homicidio por haber firmado el D.S. 27209 del 11 de octubre del año 2003, decreto que según Mendoza es la pieza clave que demuestra la intencionalidad de llevar a cabo acciones de corte militar y causar víctimas.
El representante de la víctimas abogado Mayta, trató de comparar al régimen de Sánchez de Lozada con el nazismo de la segunda guerra mundial. Para Mayta todos son culpables de genocidio y de haber sustentado una política neoliberal cuyo fin solo era posible conseguir invocando el uso de la represión que costó victimas y heridos que solo buscaban evitar que el gas salga por Chile.
Todo este conjunto de exposiciones dejó la duda de qué es lo que realmente se juzga, si los hechos acaecidos o las interpretaciones que de los mismos hace la fiscalía y la parte particular en sus acusaciones.
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