Día a día se van sumando atropellos contra los derechos humanos en Bolivia, que es necesario detener cuanto antes. El Gobierno debe comprender que una escalada de esta naturaleza, además de causar miedo en la población, se refleja con mayor preocupación en el exterior, haciendo que el país sufra las consecuencias de una crítica muy justificada.
Los golpes y la tortura se están convirtiendo en algo cotidiano y esto se ha visto con el secuestro y golpizas de que han sido objeto algunos ciudadanos en los últimos meses. La semana pasada, sucedió con dos ciudadanos cruceños sospechosos en el caso del presunto terrorista Eduardo Rózsa Flores, que fueron obligados a declarar bajo tortura según sus propias declaraciones y las conclusiones médicas.
La opinión pública se ha conmovido con las escenas y fotografías de la brutal flagelación de que fue objeto el líder indígena beniano Marcial Fabricano, quien habría sido sometido a una tortura de dos horas por elementos afines al MAS en cumplimiento de la llamada “justicia comunitaria”, ahora incluida en la nueva Constitución Política del Estado. Algo similar sucedió con Crispín Gaspar, otro dirigente indígena que fue expulsado del Chapare por tener simpatías con la causa autonomista.
Lo más grave es que, luego de los azotes que dejaron malherido en un hospital a Fabricano, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, justificó el brutal hecho afirmando que Fabricano habría sido un impulsor de la “justicia comunitaria” y luego su víctima por burlarse de ella, por no obedecerla. Coincidió con Almaraz el principal dirigente de la Central de Indígenas del Oriente Boliviano, afín al MAS, Adolfo Chávez, aunque manifestó que no había existido una violación a los derechos humanos porque “esto ya viene desde el 2007”. En la misma línea de Chávez estuvo el jefe de bancada de los diputados del MAS, César Navarro.
No obstante, como suele suceder frecuentemente, las contradicciones no estuvieron ausentes dentro del partido de gobierno, ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, manifestó, según informó este medio, que “es un caso de violación a los derechos humanos que debe seguir las vías judiciales que correspondan…hasta sancionar a los responsables”. A los responsables se los conoce porque Marcial Fabricano los vio, los conoce, pero es muy improbable que sean procesados por la justicia porque gozan del amparo oficial.
El Prefecto del Beni, así como el presidente del Comité Pro Santa Cruz, e indígenas que respaldan a Fabricano, han protestado airadamente por los métodos de tortura que se vienen aplicando en el país y exigen que se escuche la voz del Defensor del Pueblo y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que hasta ahora no han emitido opinión sobre este lamentable suceso.
Es muy grave para el Gobierno que preside Evo Morales que las violaciones a los derechos humanos y las que acontecen contra los derechos individuales y de expresión, se repitan con tanta frecuencia e impunidad en Bolivia. Esto deja ver claramente que existe un afán por acallar las voces de la oposición y toda crítica al régimen, justamente en un año electoral, cuando todas las libertades deben ser respetadas como una señal de que en la nación existe una auténtica democracia.
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