La “masacre de octubre” es uno de los tantos capítulos de nuestra historia que se mantiene en una nebulosa generada por intereses políticos. Es claro que en el actual gobierno no existe el mínimo interés por esclarecer esos luctuosos hechos pero sí de utilizarlos para sus propios intereses.
El MAS nunca tuvo la voluntad real de enjuiciar a Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores. De otra forma se hubiera dedicado a fortalecer el sistema judicial y no a desmontarlo de la manera prolija en que lo hizo y lo sigue haciendo, favoreciendo, en los hechos, a quienes dice querer enjuiciar.
Esto ha generado un clima de inseguridad que está obligando a algunos funcionarios del gobierno de Goni a pedir asilo en el Perú, ya que consideran que no tienen garantizado un proceso justo y que primarán las consideraciones de tipo político.
Lamentablemente el gobierno no se ocupa de despejar las dudas al respecto y, por el contrario, genera nuevas dudas sobre el curso del proceso que se inicia el próximo 18 de mayo.
Se debe recordar que el entonces jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Gral. César López, fue excluido del juicio siendo exculpado de facto por el gobierno del MAS, sin tener que llegar a las instancias judiciales. Se adujo que no tuvo nada que ver en la represión que dejó el deplorable saldo de 60 muertos y casi 400 heridos y se lo mostró poco menos que un héroe.
Sin embargo, se sabe que pasó a Evo información que fue bien utilizada durante la campaña electoral del 2005, por lo que fue premiado con el apetecido cargo de presidente de la Aduana Nacional.
Sin embargo, mucho agua ha corrido bajo el puente y López ha pasado de héroe a villano como consecuencia de haber involucrado al todopoderoso ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en el tránsito de 33 camiones cargados de contrabando en el departamento de Pando.
Quintana está decidido a hacer pagar este desliz a quien fuera su entrañable amigo y ha dispuesto que López sea reincorporado, a como dé lugar, en el proceso sobre los sucesos de octubre y parece que esta instrucción será cumplida con la misma facilidad con que fue salvado.
No se trata, ciertamente, de una buena señal sobre el adecuado curso del proceso y se debe tomar en cuenta, además, que se está citando tan solo a los protagonistas de un solo sector y no a aquellos que se jactan de haber sido los gestores de los hechos de violencia y bajo este rótulo se han encaramado en el gobierno del MAS para obtener jugosos réditos.
Los sucesos de octubre de 2003 tienen protagonistas de varios bandos, tuvieron un origen y naturalmente, también, sus consecuencias que todos deploramos y esperamos que jamás se repitan. El esclarecerlos es una tarea pendiente cuyo cumplimiento se ve por el momento obstaculizada debido a que lo prioritario para el MAS es su instrumentalización política.
(Le pasa la factura, titula Palo Santo a su artículo en www.ernestojustiniano.org)
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