El ex presidente Carlos Mesa advirtió este miércoles al gobierno que las presiones que comenzó a ejercer sobre el Poder Judicial, apoyada en la nueva Constitución Política del Estado, conllevan un riesgo de Golpe de Estado.
El ex mandatario envió este miércoles una carta al vicepresidente de la República y presidente del Congreso Nacional, Alvaro García Linera, mediante el cual critica el pedido de la ministra de Justicia, Célima Torrico, quien pidió la renuncia de tres ministros de la Corte Suprema de Justicia, apelando a una interpretación de disposiciones transitorias de la Constitución y a razones “éticas”, vinculadas al voto por el No que esos ministros adelantaron antes del Referendo Constitucional.
“Sobra decirle que la eliminación de la o las cabezas de uno o más poderes del Estado, se entiende como un golpe de Estado”, advirtió Mesa en la carta enviada a García Linera.
“Apelo a Usted como cabeza del primer poder del Estado, para que defienda el cumplimiento de la Constitución, el principio de libertad de conciencia y el sometimiento a la ley como premisa fundamental de la vida democrática”, refiere la carta.
Pidió al vicepresidente demandar el respeto a la independencia de poderes que la ministra vulnera. “Ningún miembro del poder Ejecutivo puede pedir a un miembro de otro poder, la renuncia a un cargo que ocupa legalmente por haber sido elegido mediante más de dos tercios de votos del Congreso Nacional.
Si el Ejecutivo no respeta esa independencia, volveremos a repetir los errores históricos que hicieron del Poder Judicial un apéndice del gobierno que está circunstancialmente en el mando de la República”, manifestó.
Mesa recordó que el artículo 183 establece que la Corte Suprema de Justicia está integrada por ministros elegidos por el Congreso Nacional por un tiempo de funciones de 10 años, y emerge de la Constitución de 1967. El Tribunal Supremo de Justicia integrado por magistrados elegidos mediante sufragio popular por un período de 6 años es una nueva institución que todavía no ha sido conformada.
“Si tomamos en cuenta que el Tribunal Constitucional en los hechos ya está anulado por obra del gobierno, con esta pretensión de dejar inhabilitada de facto a la Corte Suprema de Justicia, dejará de existir todo control de legalidad de las autoridades públicas. Por tanto, en Bolivia ya no estarían dadas las condiciones para el control de constitucionalidad y de legalidad, pilares del Estado de Derecho, del sistema democrático y la protección de los derechos humanos”, expresa el documento.
Confío, sostiene Mesa en su carta, en que persuadirá Usted (García Linera) al Presidente y a su gabinete de cesar en esta actitud que pone en riesgo valores esenciales de nuestra democracia y, sobre todo, debilita la idea de que todos nos debemos someter a la Constitución, empezando por el Primer Mandatario de la República y los ministros que lo acompañan.
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