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jueves, 21 de mayo de 2009

inventores de la píldora que quieren malquistar a los periodistas con sus medios empleadores. olvida el vocero que la medida existe desde larga data.


El Gobierno ha aprobado un decreto que “obliga” a las empresas periodísticas a reservar espacios diarios para que sus trabajadores puedan expresar sus ideas en artículos de opinión firmados.

Puesta en esos términos, la imposición parece ser el resultado de reclamos formales presentados por los organismos sindicales del gremio ante una supuesta negativa de los medios privados a incluir en sus páginas comentarios escritos por sus empleados, algo que, por lo visto, no ha ocurrido.
Según el vocero presidencial, la medida fue tomada “tras conversar con periodistas bolivianos”, no dijo con quienes ni en qué circunstancias, y está destinada a recuperar la figura de la “columna sindical” que, dijo esa autoridad, fue suprimida por los gobiernos “neoliberales”. Hacía referencia al espacio que se concedió, también mediante un decreto y con carácter obligatorio, a los periodistas de los diferentes medios escritos durante el gobierno de Juan José Torres, a principios de la década de los 70 del siglo pasado.
Hasta donde se tiene conocimiento, el decreto nunca fue derogado y si bien en un principio el espacio fue profusamente utilizado, poco a poco entró en desuso durante los regímenes militares, pero en ningún momento por rechazo de los propietarios de los medios.
Actualizar el tema, con advertencias alejadas de la realidad democrática que, por ahora, se vive en el país despierta sospechas sobre las verdaderas intenciones del decreto que, entre otros aspectos, “prohíbe expresamente cualquier tipo de censura a los comentarios que hagan los profesionales de la comunicación” e “imponer sanciones o despedir a sus empleados por escribir artículos contrarios a la empresa periodística en la que trabajan”.
Son enunciados inútiles y que más parecen destinados a provocar malestar entre empresa y sindicatos. Las páginas de los periódicos libres e independientes de Bolivia están abiertas a todas las corrientes de opinión, con más razón si provienen de sus propios trabajadores.

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