Ha quedado claro a que se refería Evo Morales cuando instruyó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas haga los estudios necesarios para adecuar el rol de la institución castrense a la nueva constitución política del Estado. Se trata, en suma de convertir a las Fuerzas Armadas en un grupo de ocupación interna en el oriente boliviano con el pretexto de combatir al narcotráfico y de impedir un supuesto “separatismo”.
Las FFAA de la Nación, por instrucciones de su Capitán General, el presidente Evo Morales, literalmente ocuparon la población de San Ignacio de Velasco en el Departamento de Santa Cruz. Es la pauta sobre la función que se tiene reservada para la institución castrense dentro del “proceso de cambio”.
Un primer experimento de este tipo se produjo durante los enfrentamientos del 11 de septiembre de 2008 en el departamento de Pando y los resultados son conocidos, a pesar de que se intentó falsear los hechos o atribuir la responsabilidad a uno solo de los bandos y mostrar al otro como indefensas e inofensivas víctimas.
La ocupación de San Ignacio, con la evidente protesta de la población civil, es solo un eslabón más de una cadena que el MAS espera que sea muy larga y consolide a la institución castrense como el brazo armado del partido en función de gobierno.
Aquí debe quedar muy claro que las FFAA pueden y deben estar en cualquier punto del territorio nacional y nadie está cuestionando esa atribución constitucional. Lo que se cuestiona es que el MAS pretenda devolver a los militares una función represiva imperante en las dictaduras y que los llevó a alejarlos de su pueblo.
Que el presidente Evo Morales diga que quienes se oponen a las presencia de las FFAA en la región o son contrabandistas o narcotraficantes, resulta un intolerable insulto para todos los chiquitanos que jamás asomaron la nariz ni por Achacachi ni por el Chapare.
Evo Morales proclama de dientes para afuera su decisión de luchar contra el contrabando pero sabe muy bien que la frontera con Chile y con el Perú está bajo el control de dirigentes de las “organizaciones sociales” afines a su gobierno, que han hecho del contrabando y del narcotráfico una fuente de enriquecimiento.
El volumen de cocaína que se incauta es cada vez más grande, pero se indica que esta es de procedencia peruana y a pesar de estar muy claro cual es la ruta de ingreso, a Evo jamás se le ocurriría ordenar en esa zona fronteriza un despliegue como el que ha dispuesto en Santa Cruz y naturalmente no enviará tropas a esta región porque eso significaría interferir en los negocios de quienes le brindan respaldo.
Se cuida también de hacer que la presencia de un reducido grupo militar en el Chapare sea simplemente simbólico, de manera que los cultivos de coca sigan creciendo a la par que la fabricación de cocaína. Este aspecto también está sujeto al “control social” de los cocaleros, un mecanismo muy sui generis que en los hechos implica que el gato cuide al ratón.
Si se toma en cuenta estos elementos, se podrá concluir que el objetivo de la presencia de las FFAA, ahora en San Ignacio, luego será en todo el oriente y el sur, no es el del discurso oficial. Las reales intenciones se harán patentes cuando en estas regiones se empiece a reprimir a todo lo que el autoritarismo masista interprete como oposición y cuando en los recintos electorales estén ubicados soldados para controlar el voto de los ciudadanos.
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